GUATEMALA (AP) ? Los militares retirados Jacobo Salán Sánchez y Napoleón Rojas, colaboradores del expresidente guatemalteco Alfonso Portillo, fueron condenados a cumplir 5 años y 3 meses de prisión sindicados de haberlo ayudado a malversar el equivalente a unos 3.8 millones de dólares 2001 y 2003.
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Guatemala: sentencian a dos exmilitares
Según el juez Francisco Ramírez Perdomo los dos acusados ayudaron al entonces presidente Portillo, "a acarrear 30 millones de quetzales (en efectivo) de la casa del expresidente, (al banco estatal Crédito Hipotecario Nacional) que fueron sustraídos del Ministerio de la Defensa Nacional, de esa cuenta asumen calidad de cómplices de peculado", dijo el Juez.
Según el Código Procesal Penal guatemalteco comete peculado el funcionario o empleado público que sustraiga o entregue dinero o bienes del Estado que tenga bajo su custodia, pero al no ser funcionarios los exmilitares, solo alcanzan el grado de complicidad.
El juez también ordenó enviarlos a prisión, pues estaban libres, a pagar 18.700 quetzales como multa y al pago de los intereses generados por los 30 millones desde el año 2001, fecha en la que se realizó la sustracción hasta el día en que quede firme la sentencia.
Rojas dijo que la sentencia no era justa pues ellos no habían cometido ningun delito. "Los testigos se contradijeron todo el tiempo, nosotros no somos responsables, quizás lo que buscan es reabrir los casos ya cerrados", afirmó.
El fiscal del caso Juan Francisco Sandoval señaló que "el Ministerio Público deberá continuar con las investigaciones pues así lo ordenó el juez".
Los hechos ocurrieron entre 2001 y 2003, cuando Portillo era presidente y se cree que fueron más de 120 millones, unos 15.3 millones de dólares, los sustraídos entonces. Por este caso un tribunal absolvió a Portillo de los hechos. Varios militares más también fueron responsabilizados por este caso sin embargo el Juez Walter Villatoro cerró el caso a favor de éstos.
Portillo fue condenado en Estados Unidos, el 22 de mayo, a cinco años y 10 meses de prisión por aceptar sobornos, después que un juez federal rechazó la solicitud de indulgencia.
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