SANTO DOMINGO, República Dominicana (AP) ? Diversos grupos de las sociedad civil y de derechos humanos pidieron el jueves al gobierno dominicano revocar el plan que busca anular las actas de nacimiento de miles de personas nacidas en el país de padres inmigrantes ilegales, en su gran mayoría haitianos.
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Dominicana: grupos contra la desnacionalización
El influyente grupo Participación Ciudadana advirtió en una rueda de prensa que con ese plan, el estado dominicano "se aboca con toda seguridad a una nueva declaración de responsabilidad por violación" de legislaciones internacionales, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
El tribunal constitucional dominicano ordenó la semana anterior, mediante sentencia inapelable en el caso de la dominicana de ascendencia haitiana Juliana Deguis Pierre, que las autoridades del registro civil realicen un inventario de todas las personas nacidas en el país desde 1929 y que tienen la nacionalidad dominicana a fin incluirlos en una "lista de extranjeros irregularmente inscritos".
Tras concluir el inventario en un plazo máximo de dos años, la Junta Central Electoral, que administra el registro civil, debe comenzar el proceso judicial para anular las actas de nacimiento de los afectados.
"Esas personas, muchas incluso muertas después de haber residido desde su nacimiento en nuestro territorio, serían despojadas de la nacionalidad, abriendo serias interrogantes sobre la situación de su descendencia", advirtió Rosalía Sosa, directora ejecutiva de Participación Ciudadana.
Deguis Pierre, de 29 años, forma parte de un grupo de 47 personas que habían acudido ante el tribunal constitucional debido a que la Junta Central Electoral, que administra el registro civil, les negaba desde 2007 copias de sus actas de nacimiento o sus cédulas de identidad debido a su ascendencia haitiana.
El tribunal ordenó que la Junta Central devuelva a Deguis Pierre y a otros en situación similar su acta de nacimiento, pero sólo para que de inmediato comience el trámite judicial para anularla.
Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral, indicó el miércoles que esa institución ordenó la devolución del acta de nacimiento a Pierre para realizar el trámite judicial y también remitió el expediente a la Dirección de Migración.
Rosario ha insistido que el proceso no busca dejar sin derecho a nacionalidad de Deguis Pierre y a los miles de otros afectados, sino que tiene como meta darles la oportunidad de que regularicen su estatus migratorio mediante un plan para extranjeros.
El plan para regularizar a los extranjeros aún no existe.
Diversos grupos que defienden los derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana también tienen previsto manifestarse el jueves afuera del tribunal constitucional para exigir la revocación de la sentencia.
"Es una sentencia que constituye un delito de lesa humanidad", comentó a The Associated Press el abogado Manuel Dandré, quien por ser hijo de haitianos ilegales se encuentra en peligro de perder la nacionalidad.
Desde el mediodía del jueves, mientras llegaban tímidamente los manifestantes, la seguridad en los alrededores del tribunal constitucional fue reforzada para impedir eventuales disturbios.
"Estamos profundamente perturbados", dijo en un comunicado Jame A. Goldston, director ejecutivo de la Iniciativa de Justicia de la organización estadounidense Open Society.
Consideró que la medida "amenaza con una desnacionalización masiva" que tendrá un "impacto devastador en cientos de miles de ciudadanos dominicanos".
Aunque no existen cifras oficiales, Joseph Cherubin, presidente de la organización que representó a Deguis Pierre en el tribunal, insiste que más de 200.000 personas serán afectadas.
El tribunal constitucional indicó que desde 2007, la Junta Central Electoral ha evaluado poco más de 20.000 actas de nacimiento y ha negado 40.000 cédulas de identidad a personas nacidas en el país de padres inmigrantes ilegales.
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