Colombia: escándalo por corrupción en el ejército

En octubre de 2008, el gobierno destituyó a 27 militares por el asesinato de 11 hombres que falsamente habían sido mostrados como guerrilleros y delincuentes muertos en combate. Eso desembocó en un escándalo conocido como "falsos positivos", ejecuciones de civiles presentados como rebeldes y criminales muertos en operaciones de la fuerza pública. Al menos 3.000 colombianos fueron ejecutados extrajudicialmente, de acuerdo con la Fiscalía y grupos no gubernamentales de derechos humanos.

Pinzón también anunció una serie de medidas para hacer frente a las denuncias por presunta corrupción en millonarios contratos del ejército.

El ministro explicó que había conformado una comisión para analizar "en detalle cada palabra publicada en este medio y adelantar así la respectiva verificación". Dijo que solicitó también la intervención en el caso de la Contraloría, la entidad que investiga los eventuales malos manejos de dinero público.

Tras 14 horas de indagaciones, agregó Pinzón, se llegó a la conclusión de que de los 19 audios publicados por Semana, "10 hacen referencia a presunto tráfico de influencias y asuntos relacionados con contratación. De esos 10 audios, en sólo tres grabaciones se puede inferir, sin muchos elementos de juicio, que hay una coincidencia con un contrato existente".

En su artículo, Semana denunció la "asignación de millonarios contratos de diferentes unidades militares, donde se habla de mordidas (sobornos) de hasta el 50%" entre distintos oficiales y en distintas unidades castrenses.

Basada en cientos de horas de grabaciones capturadas entre 2012 y 2013, la revista indicó que el personaje central en la presunta red de corrupción es el coronel González del Río, detenido desde 2012 por su presunta participación en la ejecución extrajudicial en 2007 de dos hombres a los que habría reportado falsamente como guerrilleros muertos en combate.

González del Río es familiar del general en retiro Rito Alejo del Río, quien fue condenado en 2012 a 25 años de prisión por su responsabilidad en el asesinato en 1997 de un campesino cuando se desempeñaba como comandante de una brigada del noroeste del país.

Pinzón también anunció que González fue llamado a calificar servicios y que se ordenó su traslado a otra cárcel. También fue relevado el personal que tenía a su cargo el control de las cárceles militares antes de 2013.

El escándalo revelado por la revista desató la renuncia del general del ejército Javier Rey, quien se desempeñaba como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Militares. El oficial sostuvo a la emisora local Caracol que había renunciado por honor y que entablaría una denuncia penal contra Semana.

El 3 de febrero Semana develó otro escándalo que daba cuenta de que desde una central de inteligencia del ejército en Bogotá se espiaba, entre otros, a algunos integrantes del equipo negociador del gobierno en el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El congresista de izquierda Iván Cepeda en conversación telefónica con The Associated Press dijo que lo denunciado por la prensa es de "extrema gravedad" porque, además del aparente caso de espionaje, "se suma ahora este comercio, este carrusel con la venta de armas y la compra de armas por parte del ejército". Demandó la renuncia del ministro Pinzón.

John Marulanda, experto en asuntos de seguridad, comentó por teléfono a la AP que "Colombia es uno de los países más corruptos en América Latina y... evidentemente pueden darse casos de corrupción en la contratación del ejército".