BOGOTA, Colombia (AP) ? Un mayor en retiro del ejército condenado por delitos de lesa humanidad fue capturado el jueves y que se había fugado hace tres meses desde su sitio de reclusión, se informó oficialmente.
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Colombia: capturan a exmilitar fugado
Se trata Marco Wilson Quijano, quien está condenado a 53 años de cárcel por el asesinato en 2008 de un hombre que fue presentado falsamente como un guerrillero muerto en combate, explicó la Fiscalía General a través de un comunicado de prensa.
El arresto del exmilitar se produjo en el amanecer del jueves en la ciudad de Cúcuta, a 400 kilómetros al noreste de Bogotá, agregó el reporte oficial.
Quijano fue condenado en mayo de 2012 por el homicidio de Fair Leonardo Porras, de 26 años y quien fue reportado por sus parientes como desaparecido en enero de 2008 en un municipio del sur de Bogotá. Meses después apareció sepultado en la localidad de Ocaña, a unos 415 kilómetros al noreste de la capital colombiana.
Porras y al menos otros 10 hombres de la barriada de Soacha, al sur capitalino, fueron reclutados por militares y colaboradores corruptos y llevados al noreste del país con inexistentes promesas de trabajo para finalmente ser asesinados, según ha indicado la Fiscalía.
En su momento, los militares que participaron en estos asesinatos dijeron que los 11 muertos eran delincuentes y rebeldes que fueron muertos en combate.
En el caso de Porras su familia logró demostrar que tenía una discapacidad mental.
Al menos 54 militares han sido vinculados por la Fiscalía a los asesinatos de los 11 hombres de Soacha, que no tenían relación familiar entre sí.
El octubre de 2008, el entonces presidente Alvaro Uribe (2002-2010) y su entonces ministro de Defensa, el actual mandatario Juan Manuel Santos, destituyeron a 27 militares -entre ellos tres generales- porque por acción u omisión habría tenido participación en las ejecuciones extrajudiciales de Soacha.
Cifras de la Fiscalía dan cuenta de que al menos 3.000 colombianos fueron ejecutados extrajudicialmente sobre todo en los últimos seis años, aunque hay registros similares desde fines de los años 80, según grupos no gubernamentales. Por los casos más recientes 4.600 uniformados y colaboradores civiles han sido procesados y en cantidad de casos condenados.
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