BUENOS AIRES (AP) ? La justicia argentina ha dado un fuerte impulso en los últimos días a las causas que involucran a altos funcionarios de la presidenta Cristina Fernández en casos de corrupción u otras irregularidades, según informes divulgados el miércoles por el Poder Judicial.
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Argentina: avanzan causas contra funcionarios
Un juez federal citó a declaración indagatoria al secretario de comunicación pública Alfredo Scoccimarro, a otros dos funcionarios del área y al ex jefe de gabinete de ministros Juan Manuel Abal Medina por supuesta malversación de caudales públicos, dijo el Poder Judicial en su sitio de internet.
Hace una semana un fiscal federal pidió a un juez que indague al vicepresidente Amado Boudou y al titular del fisco Ricardo Etchegaray por considerarlos sospechosos de haber incurrido en tráfico de influencias.
La primera causa se inició a mediados de 2012, mientras el caso que involucra al vicepresidente se remonta a 2011. La convocatoria de altos funcionarios a los tribunales coincide con una fuerte caída de la imagen positiva de la presidenta --ronda el 30%-- atribuida la turbulencia económica y al desgaste de más de una década de kirchnerismo en el poder.
El juez federal Claudio Bonadío quiere escuchar la explicación de Abal Medina, jefe de gabinete hasta noviembre pasado, y de los otros funcionarios del área de comunicación por la difusión en un aviso publicitario que cuestionaba al alcalde de Buenos Aires Mauricio Macri, líder de una fuerza opositora de centro-derecha, durante la televisación de un partido de fútbol del torneo argentino, cuyos derechos de transmisión explota el Estado.
El propio Abal Medina confirmó en su cuenta de twitter que "la citación que me hicieron a mí y a tres funcionarios es por el contenido de un spot publicitario sobre el traspaso de los subtes a la ciudad".
Los citados por Bonadío deben presentarse a declarar a partir del próximo jueves.
El gobierno es duramente cuestionado por la difusión de propaganda política y el ataque contra la oposición durante la televisación de partidos.
Boudou, por su parte, es investigado por presuntas "negociaciones incompatibles con la función pública" en la quiebra y posterior adquisición de la impresora de billetes Ciccone Calcográfica por parte del fondo de inversión The Old Fund, cuyos dueños se sospecha tenían vínculos con el vicepresidente.
El fiscal Jorge Di Lello pidió al juez federal Ariel Lijo que tome declaración indagatoria a Boudou ya que sospecha que usó su posición como ministro de Economía hace más de tres años para ayudar a The Old Fund a levantar de la quiebra a la impresora de billetes de curso legal, una de las principales del país, con un ventajoso plan de moratoria ante el fisco y luego favorecerla con contratos con el Estado.
Etchegaray está bajo sospecha por autorizar como jefe del fisco un plan de pagos para que Ciccone saldara una deuda impositiva millonaria en términos aparentemente ventajosos a pedido del entonces ministro de Economía.
No hay un plazo definido para que el juez Lijo responda si acepta el pedido de Di Lello.
Boudou ha negado en diferentes apariciones públicas haber estado involucrado en maniobras delictivas. En la víspera expresó por su cuenta twitter que "no voy a aflojar".
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