El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, en una reunión con alcaldes, dijo que el FMI estableció como un “condicionamiento” la liberación de precios de los hidrocarburos para acceder a un crédito de 1.900 millones de dólares.
Gobierno boliviano dice que suba del diésel es un condicionamiento del FMI en medio de protestas
LA PAZ, Bolivia (AP) — El gobierno boliviano dijo el jueves que el incremento de un 84% a las grandes compras de diésel es un condicionamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un importante crédito en medio de protestas y pedidos para que se anule la medida.
El gobierno afirma que recurre a los organismos internacionales como el FMI para respaldar su programa de reformas económicas con el fin de salir de la peor crisis en cuatro décadas.
El pasada semana el gobierno decretó la suba del diésel —el carburante más escaso— de un 0,85 a 1,56 dólares por litro para empresas corporativas, exportadores, compañías mineras y la gran industria. El aumento no alcanzó a la gasolina.
La persistente escasez del combustible genera largas filas en las gasolineras. Los alcaldes y productores agrícolas rechazan la suba del diésel debido a que ha encarecido mucho más este carburante y pidieron la anulación de la medida.
Paralelamente, la policía boliviana intentaba despejar la ruta que une a las regiones orientales de Santa Cruz y Beni, donde productores arroceros instalaron en la víspera un punto de bloqueo en contra de la medida desafiando así el estado excepción que se estableció tras las protestas de 53 días entre mayo y junio que asfixiaron principalmente a las ciudades de La Paz y El Alto.
Los policías usaron gases lacrimógenos en un esfuerzo por despejar la ruta y dejar pasar a decenas de automóviles, camiones y buses varados.
Mientras los alcaldes en la reunión pidieron la anulación del decreto al presidente Rodrigo Paz, quien respondió que en este momento no aplican las medidas con “anestesia” porque la situación económica es compleja.
“Si Rodrigo Paz mañana está o no está, es lo de menos, el que venga igual va a tener que tomar la misma decisión”, señaló.
Aramayo agregó que “no es sostenible que el Estado financie una partida que ha tenido un componente de corrupción muy grande… y está desangrando el Tesoro General del Estado”.
Por su parte, los productores de soja y arroz de la localidad de Yapacaní, Santa Cruz, le dieron al gobierno hasta el viernes para anular la medida y amenzaron con instalar puntos de bloqueo.
En tanto, Klauss Frerking, de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), señaló que el decreto no ha solucionado el problema del desabastecimiento y lo que ha generado es un mercado paralelo con altos costos para los productores.
El gobierno argumenta que una de las razones principales del incremento a las grandes compras de diésel obedece a que como Bolivia importa la mayor parte del carburante que consume, mantener un subsidio para todos los sectores se volvió financieramente difícil para el Estado debido al agotamiento de las reservas internacionales. Cobrar un precio real a las grandes industrias permite aliviar la presión sobre las finanzas, sostiene.
FUENTE: AP
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