CoreCivic, el gigante de la industria penitenciaria, anunció el martes la firma de un contrato federal de cinco años para reabrir una prisión en Appleton que llevaba mucho tiempo cerrada y que ahora albergará a inmigrantes detenidos.
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Es oficial: una prisión inactiva en zona rural de Minnesota será centro de detención del ICE
Un plan largamente rumoreado del gobierno del presidente Donald Trump para reconvertir una prisión privada en una zona rural del oeste de Minnesota para usarla como centro de detención de inmigrantes indocumentados finalmente se ha concretado.
La empresa estimó que su nuevo contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) generaría 75 millones de dólares al año.
El contrato de CoreCivic con el ICE no sorprende demasiado. La compañía, que es propietaria de la instalación en Appleton, lleva muchos meses reacondicionando la prisión, llamada Prairie Correctional Facility.
La ciudad de Appleton construyó la prisión, pero CoreCivic la compró en 1997 para albergar a presos estatales, y luego la cerró en 2010 debido a la disminución de la demanda. En su momento, fue el mayor empleador de la ciudad de Swift County.
Ahora albergará hasta 1.600 inmigrantes detenidos.
La empresa indicó que espera comenzar a recibir detenidos a finales de este año “y que se estima que el despliegue completo estará terminado en el segundo trimestre de 2027”.
Los planes para reconvertir edificios en Minnesota para la detención de inmigrantes —incluidas propuestas para usar almacenes en las Ciudades Gemelas de Minneapolis y Saint Paul— han dividido a los legisladores y han suscitado críticas de grupos activistas.
La representante Michelle Fischbach, del 7mo Distrito Parlamentario donde se encuentra Appleton, dijo el martes a MinnPost en Farmfest que le alegraba saber que la prisión reabría.
“Sé que la comunidad ha sido muy solidaria para asegurarse de que podamos abrirla, y tiene sentido”, comentó. “Hay una instalación ya existente allí, así que no hace falta construir nada nuevo”.
Su oponente, el demócrata Erik Osberg, vinculó el anuncio de la prisión con el Gran y Hermoso Proyecto de Ley del año pasado, y afirmó que se opone a la reapertura y quiere derogar la legislación que la hizo posible.
“En esa legislación hay un complejo industrial de centros de detención y deportación de 180.000 millones de dólares”, sostuvo. “De eso se trata esto, y adivinen quién puede construirlos y operarlos: empresas privadas”.
Las reacciones ante la prisión también se dividieron según líneas partidistas a nivel estatal.
El senador estatal republicano de Alexandria, Torrey Westrom, señaló que el contrato traerá empleos y oportunidades económicas a su distrito. Agradeció a Trump y a Fischbach por hacer realidad la reapertura de la prisión.
“Este es un ‘Gran y Hermoso Edificio’ y una importante inversión que no debió quedar vacía durante tantos años”, afirmó. “Cuando esta instalación cerró, tuvo un impacto económico devastador en nuestra región y en los residentes. Ponerla de nuevo en funcionamiento creará aproximadamente 450 nuevos empleos y dará un importante impulso económico a Appleton y a las comunidades de todo el centro-oeste de Minnesota”.
El presidente del Comité de Poder Judicial y Seguridad Pública del Senado estatal, Ron Latz, del partido DFL de St. Louis Park, calificó los planes como una afrenta para todos los habitantes de Minnesota.
“Las historias e información sobre el trato a las personas detenidas por el ICE son espantosos y plantean serias preocupaciones sobre la salud y la seguridad de los hombres, mujeres y niños que están en estas instalaciones”, afirmó. “Nadie debería ser detenido para generar ganancias y mejorar el resultado final de una corporación, por eso prohibimos el uso de prisiones con fines de lucro en 2023 en Minnesota. Se explorará todo esfuerzo para ver cómo el estado puede impedir que esta instalación abra”.
La reapertura de la Prairie Correctional Facility forma parte de la búsqueda del gobierno de Trump de más espacio de detención, mientras sigue presionando para aumentar las deportaciones.
A medida que el gobierno incrementó los arrestos y las deportaciones en el segundo mandato del presidente, CoreCivic se posicionó para prepararse para reabrir la prisión.
El verano pasado, The Washington Post informó que Estados Unidos había alcanzado su máxima capacidad con unos 50.000 inmigrantes detenidos y que el gobierno de Trump quería aumentar esa cifra a más del doble, hasta alcanzar los 107,00.
En sus primeros días en la Casa Blanca, el expresidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva en la que instruía al fiscal general a no renovar los contratos del Departamento de Justicia de Estados Unidos con instalaciones de detención penal operadas por empresas privadas.
Pero Trump actuó rápidamente tras su investidura para rescindir esa orden. Eso cambió drásticamente la suerte de empresas como CoreCivic y GEO Group, y sus acciones se dispararon.
CURE, una organización de defensa de las zonas rurales, dijo que los residentes de Appleton se han reunido con regularidad para oponerse a la instalación.
Por su parte, el sindicato de trabajadores públicos AFSCME condenó la decisión del ICE de contratar a una empresa penitenciaria con fines de lucro.
“Ninguna corporación debería generar ingresos y ganancias encarcelando a seres humanos, separando familias y ampliando un sistema de detención con fines de lucro que trata a las personas y a los trabajadores como fuentes de ganancia para los accionistas”, señaló el sindicato en un comunicado.
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Esta historia fue publicada originalmente por MinnPost y distribuida mediante una alianza con The Associated Press.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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