La CIDH expresó su consternación por lo que calificó como un "devastador incremento" en la violencia contra personas que defienden los recursos naturales de los pueblos indígenas de la región, ya que representan el 41% del total de asesinatos.
El ente adscrito a la OEA recordó a los gobiernos su obligación de esclarecer los asesinatos y sancionar a los responsables a través de investigaciones que contemplen la posibilidad de que el crimen haya sido causado por la defensa de los derechos humanos que realizaban las víctimas.