El Departamento de Estado anticipó más presión sobre La Habana tras entrar en vigor nuevas sanciones financieras y restricciones de viaje a Cuba
El gobierno de Donald Trump advirtió este miércoles que continuará utilizando “todas las facultades de sanciones disponibles” contra el gobierno cubano, después de la entrada en vigor de un nuevo paquete de restricciones financieras y de viaje que endurece significativamente la política de Washington hacia La Habana.
El Departamento de Estado señaló que el objetivo declarado de la estrategia es impulsar reformas en Cuba, respaldar las aspiraciones de libertad de los cubanos y responsabilizar a personas o entidades que Washington considere una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense.
La advertencia llega apenas un día después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunciara importantes modificaciones a las reglas sobre Cuba, que entraron en vigor este 30 de septiembre. OFAC confirmó oficialmente la publicación de las nuevas Cuba Sanctions Regulations y la modificación paralela de las históricas Cuban Assets Control Regulations.
El nuevo mensaje del Departamento de Estado deja abierta la puerta a futuras medidas.
La administración Trump sostiene que continuará recurriendo a las autoridades de sanciones disponibles para aumentar la presión sobre La Habana.
El endurecimiento combina dos estructuras jurídicas diferentes.
Por un lado, Washington continúa aplicando las Cuban Assets Control Regulations (CACR), el histórico régimen de restricciones financieras y comerciales sobre Cuba.
Por otro, la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Trump el 1 de mayo, creó una autoridad adicional de sanciones relacionada con Cuba. OFAC ha aclarado que ambos mecanismos funcionan paralelamente.
La Orden Ejecutiva 14404 amplió considerablemente el alcance potencial de la presión estadounidense.
La normativa permite imponer sanciones a determinadas personas extranjeras que sean identificadas por operar o haber operado en cinco sectores de la economía cubana:
energía,
defensa y material relacionado,
metales y minería,
servicios financieros
y seguridad.
Esto no significa que cualquier empresa extranjera que participe en esos sectores quede sancionada automáticamente.
OFAC precisa que debe existir una determinación específica contra la persona o entidad correspondiente.
Pero la medida aumenta el riesgo para compañías internacionales que mantengan determinadas relaciones económicas con Cuba.
El alcance puede extenderse además al sistema financiero internacional.
La Orden Ejecutiva 14404 permite aplicar determinadas restricciones contra instituciones financieras extranjeras que realicen o faciliten transacciones significativas relacionadas con personas bloqueadas bajo esa autoridad.
Esto amplía la capacidad de Washington para ejercer presión más allá de empresas o funcionarios directamente vinculados con La Habana.
El efecto práctico puede ser que bancos extranjeros aumenten sus controles sobre operaciones relacionadas con Cuba para reducir su exposición al sistema estadounidense.
Una de las modificaciones financieras más importantes que entraron en vigor este miércoles afecta las denominadas operaciones U-turn.
Hasta ahora, bancos sujetos a jurisdicción estadounidense podían procesar determinadas transferencias relacionadas con Cuba cuando:
el dinero se originaba fuera de Estados Unidos,
terminaba fuera de Estados Unidos
y ni el originador ni el beneficiario estaban sujetos a jurisdicción estadounidense.
Esa autorización desapareció el 30 de septiembre.
Los bancos estadounidenses ya no pueden procesar esas operaciones bajo la licencia general.
OFAC establece ahora que pueden rechazarlas, en lugar de procesarlas.
Las transacciones U-turn habían sido recuperadas en mayo de 2024 con un objetivo explícito: facilitar remesas y pagos vinculados con operaciones autorizadas del sector privado cubano.
El documento oficial de aquella reforma señalaba que la medida buscaba apoyar a los emprendedores privados independientes facilitando pagos a través del sistema financiero.
Dos años después, Washington vuelve a cerrar esa vía.
El cambio puede complicar determinadas transferencias internacionales relacionadas con Cuba aunque tanto quien envía como quien recibe el dinero se encuentren fuera de Estados Unidos.
El paquete también revierte otra apertura implementada en 2024.
Aquella reforma permitió a determinados emprendedores privados independientes cubanos mantener y utilizar cuentas bancarias estadounidenses para realizar operaciones autorizadas o exentas de las sanciones.
La definición estadounidense incluye, bajo determinadas condiciones, a:
cuentapropistas,
propietarios o empleados de pequeñas empresas privadas,
contratistas y consultores independientes,
pequeños agricultores
y determinadas cooperativas o empresas privadas de hasta 100 empleados.
La eliminación de esa autorización obliga a revisar las cuentas que dependían de ella y supone un endurecimiento directo de las facilidades financieras que Washington había concedido al sector privado cubano.
La ofensiva no se limita al sistema financiero.
OFAC restringió además determinadas categorías de viajes autorizados.
A partir del 30 de septiembre quedaron eliminados los viajes educativos grupales “people-to-people” y se redujo el alcance de otras actividades educativas.
Las actividades que continúan autorizadas se concentran fundamentalmente en determinados programas vinculados con instituciones académicas estadounidenses acreditadas y ciertos intercambios educativos sujetos a requisitos específicos.
OFAC estableció además excepciones para determinados viajeros que ya habían realizado al menos una transacción relacionada con el viaje antes de la entrada en vigor de las nuevas reglas.
El Departamento de Estado presenta el paquete como parte de un esfuerzo para impedir que las estructuras estatales cubanas utilicen mecanismos financieros destinados a evadir las sanciones.
La administración Trump sostiene que las restricciones buscan impedir que recursos financieros terminen beneficiando a estructuras gubernamentales, militares o de seguridad.
La Habana rechaza ese argumento y sostiene que las medidas afectan directamente a la población y al desarrollo del sector privado.
La disputa sobre quién termina soportando el costo económico de las sanciones continúa siendo uno de los principales puntos de confrontación entre ambos gobiernos.
El gobierno cubano reaccionó inmediatamente contra las nuevas restricciones.
El canciller Bruno Rodríguez Parrilla acusó a Washington de perjudicar los intercambios académicos y las actividades económicas privadas.
La Habana caracteriza la política estadounidense como un “castigo colectivo” contra la población.
La administración Trump sostiene exactamente lo contrario: argumenta que la presión está destinada a obligar al gobierno cubano a introducir cambios políticos y económicos.
Las medidas llegan mientras Cuba atraviesa una profunda crisis económica y energética.
La escasez de combustible, los apagones prolongados, la caída de la actividad productiva y las dificultades para atraer inversión extranjera han marcado 2026.
El vice primer ministro y ministro de Comercio Exterior, Oscar Pérez-Oliva Fraga, ha sostenido que las sanciones estadounidenses dificultan la llegada de capital extranjero y obstaculizan las reformas económicas anunciadas por La Habana.
Washington considera, en cambio, que el problema fundamental se encuentra en el modelo político y económico cubano.
El aspecto políticamente más relevante del comunicado del Departamento de Estado es que Washington no presenta las medidas del 30 de septiembre como el final de su estrategia.
La administración Trump señala expresamente que continuará utilizando las facultades de sanciones disponibles.
La Orden Ejecutiva 14404 proporciona además un marco para futuras designaciones de personas y entidades extranjeras vinculadas con sectores estratégicos cubanos.
Por tanto, nuevas empresas, funcionarios o actores extranjeros podrían quedar expuestos a medidas estadounidenses si Washington determina que cumplen los criterios establecidos.
El endurecimiento financiero ocurre paralelamente a declaraciones de Trump y del secretario de Estado Marco Rubio sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Cuba.
Trump ha dicho públicamente que prefiere una solución negociada antes que recurrir a una acción militar.
Rubio, por su parte, ha hablado de una transición que combine libertades políticas y económicas.
La estrategia estadounidense combina así actualmente dos elementos:
mantener abierta la posibilidad de negociación
y, simultáneamente,
incrementar la presión económica y financiera sobre La Habana.
El mensaje del Departamento de Estado este miércoles deja claro que, mientras Washington no considere suficientes los cambios realizados en Cuba, la administración Trump mantiene abierta la posibilidad de seguir ampliando las sanciones.
Suscribite a nuestro Newsletter