Los agentes de la DEA monitorearon repetidamente envíos de pastillas de fentanilo —pero no las incautaron— mientras fiscales federales buscaban presentar casos penales más grandes contra traficantes de un opioide sintético que la Casa Blanca designó el año pasado como un “arma de destrucción masiva”.
Cantidades enormes de fentanilo llegaron a las calles mientras la DEA miraba y no actuaba
ALBUQUERQUE, Nuevo México, EE.UU. (AP) — Incluso mientras combatía la epidemia de drogas más mortífera en la historia de Estados Unidos, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) permitió que cientos de miles de pastillas de fentanilo llegaran a las calles de Nuevo México entre 2023 y 2025, según tres agentes actuales y anteriores de la DEA y registros gubernamentales revisados por The Associated Press.
Sin embargo, agentes y expertos señalaron que la táctica equivalía a una apuesta con la seguridad pública que potencialmente puso en peligro a comunidades en Albuquerque y sus alrededores y pudo haber violado normas del Departamento de Justicia destinadas a proteger al público.
“Envenenamos a nuestra comunidad para armar casos”, declaró a AP el agente especial de la DEA David Howell en una serie de entrevistas en Nuevo México. “Por nuestra propia ceguera deliberada, podemos decir: ‘En realidad no sabemos qué pasó con las drogas’. Pero al 100% hicimos que muriera gente”.
La DEA ha sostenido desde hace tiempo que no es posible incautar cada envío de cada droga. Pero la estrategia de permitir que cantidades asombrosas de analgésicos falsificados llegaran a las calles dejó atónitos a varios agentes veteranos que hablaron con AP.
Eliminar de las calles el fentanilo ilícito, fabricado en su mayoría en laboratorios mexicanos, se convirtió en la máxima prioridad de la DEA durante la última década, a medida que aumentaban las muertes por sobredosis. Al mismo tiempo, su letalidad —unos pocos miligramos pueden matar al adulto promedio— trastocó tácticas probadas que se habían usado para combatir drogas como la cocaína y la heroína. Esos métodos han incluido permitir que se completen transacciones de drogas para que los agentes puedan seguir los narcóticos a través de la cadena de suministro. El fentanilo, sin embargo, es tan peligroso que el Departamento de Justicia elaboró directrices para los agentes en esas circunstancias, alentándolos a incautar el opioide siempre que fuera “practicable”.
Albuquerque, que tiene un vecindario tan asediado por las drogas que se conoce como “War Zone”, y otras regiones de Nuevo México siguen en el epicentro de la epidemia de fentanilo. Mientras las muertes por sobredosis a nivel nacional cayeron 14% el año pasado, datos del gobierno muestran que Nuevo México registró un aumento de 21%.
Alex Uballez, quien se desempeñó como fiscal federal de Estados Unidos en Nuevo México desde 2022 hasta el año pasado, indicó que en ocasiones las autoridades permitieron que envíos de drogas no fueran incautados como parte de un esfuerzo más amplio para reunir inteligencia y construir casos contra grandes traficantes. Explicó que el enfoque reflejaba los recursos limitados de su oficina y su convicción de que procesar a organizaciones más grandes puede tener un impacto mayor que interceptar cada transacción de drogas sospechosa.
El año pasado, la DEA registró en Albuquerque el mayor decomiso de fentanilo en su historia.
“Vale la pena atrapar a los peces más grandes”, manifestó Uballez, “y eso salvará más vidas”.
La DEA afirmó en un comunicado que “las decisiones de investigación en cuestión fueron legales, razonables dadas las circunstancias y coherentes con las directrices del Departamento”.
“Las descripciones públicas que sugieren que la DEA permitió a sabiendas que el fentanilo llegara a las comunidades son falsas y tergiversan fundamentalmente los hechos”, escribió en un correo electrónico la portavoz de la DEA Amanda Wozniak. Señaló que las investigaciones involucraron escuchas telefónicas autorizadas por un tribunal “en las que agentes y fiscales realizaron vigilancia en tiempo real, recopilación de inteligencia y análisis operativo dirigidos a organizaciones de narcotráfico de mayor escala”.
En algunos casos, la DEA contaba con inteligencia tan detallada sobre las entregas de drogas que los agentes pudieron contabilizar cantidades exactas de pastillas, según informes revisados por AP.
Los agentes, por ejemplo, descifraron conversaciones codificadas por teléfonos celulares y vigilaron de cerca una transacción en un parque de casas móviles en Albuquerque en junio de 2023, de acuerdo con un informe de 66 páginas revisado por AP. Los agentes escribieron en el informe que los traficantes entregaron 74.000 pastillas como parte de ese acuerdo, una cifra que los fiscales federales confirmaron posteriormente en un escrito judicial.
Días antes, mostró otro informe de la DEA, los investigadores observaron a la misma red de distribución entregar un neumático de repuesto que ocultaba otro presunto envío de fentanilo que, de manera similar, no fue incautado.
“No hicimos nada, solo sentarnos y mirar”, expresó Howell, quien presentó una denuncia oficial como denunciante en 2023 para llamar la atención sobre lo que consideraba una táctica que ponía en riesgo la seguridad pública.
Pasaron meses antes de que las autoridades federales desmantelaran a los traficantes, y Howell, quien participó en la vigilancia, afirmó que hoy las autoridades no pueden dar cuenta de los envíos no incautados.
“Es indignante poner en riesgo tantas vidas con la esperanza de armar un gran caso”, sostuvo Tristan Leavitt, presidente de Empower Oversight, un grupo de defensa de denunciantes que ha pedido al Comité Judicial del Senado y a la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia que investiguen las afirmaciones de Howell.
Un exsupervisor de la DEA, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, dijo que él y sus colegas de Albuquerque permitieron que “millones” de pastillas no fueran incautadas durante una investigación multiestatal el año pasado.
Howell informó en sus revelaciones como denunciante que los agentes en ese caso permitieron la entrega de al menos 1,8 millones de pastillas de fentanilo.
Esa investigación, contaron a AP el exsupervisor y Howell, culminó en el mayor decomiso de fentanilo en la historia de la DEA, una operación anunciada en mayo de 2025 por la entonces secretaria de Justicia Pam Bondi que resultó en la incautación de más de 3 millones de pastillas.
“La cantidad que finalmente incautamos estaba llegando a las calles cada mes mientras ese caso seguía en curso”, apuntó el exsupervisor, y añadió que la DEA podría haber desmantelado la organización seis meses antes.
La fiscalía federal en Albuquerque no respondió preguntas sobre los envíos de fentanilo no incautados pero, en un comunicado a AP, indicó que la “conducta” que Howell sacó a la luz ocurrió durante la administración anterior.
“La dirección actual de esta oficina está enfocada en investigar y procesar agresivamente el tráfico de fentanilo y desarticular las organizaciones criminales responsables de distribuir estas drogas”, escribió en un correo electrónico Tessa DuBerry, portavoz de la oficina.
Uballez, el exfiscal federal, sostuvo que los conteos estimados de pastillas “basados en llamadas telefónicas interceptadas no son confiables”.
“No creo que se pueda negar que se ‘deje pasar’ la droga”, comentó, en referencia a la táctica policial de permitir que el contrabando no sea incautado para avanzar una investigación. “Cuánto y con qué frecuencia —y con qué certeza— es increíblemente difícil de responder en retrospectiva”.
A medida que las sobredosis de fentanilo se convirtieron en una epidemia durante la última década, el Departamento de Justicia elaboró un manual interno para combatir la droga más mortífera que haya cruzado la frontera mexicana. El plan coincidió con una campaña de difusión que advirtió a los estadounidenses que “Una pastilla puede matar”, un esfuerzo de la DEA para destacar los peligros únicos del fentanilo.
Adoptados en 2017, los “Protocolos de fentanilo” instaban a los agentes a “incautar o impedir de otro modo la distribución” de fentanilo “tan pronto como sea practicable”. Las normas, que no se habían hecho públicas anteriormente, señalaban que “proteger la seguridad pública es primordial”, independientemente de si las incautaciones comprometen las investigaciones.
El Departamento de Justicia reescribió las normas en 2024 para otorgar a las fuerzas del orden mayor discrecionalidad en esos casos. Los protocolos actualizados indican que los investigadores “pueden ejercer discreción al determinar si tomar medidas para impedir el tráfico de fentanilo”, equilibrando los riesgos para la seguridad pública frente a “los beneficios que se lograrían al preservar la investigación”.
La DEA rara vez habla de la táctica de permitir que las drogas no sean incautadas. Su manual para agentes describe retirar drogas de la calle como “el curso de acción habitual”, pero añade que “puede haber casos en los que los objetivos de la investigación se logren mejor al no hacerlo”.
La agencia ha utilizado durante mucho tiempo “entregas controladas” en las que una vigilancia constante de las drogas —y a menudo su sustitución por narcóticos falsos— va seguida de una operación para detener a los implicados y recuperarlas, según agentes actuales y anteriores.
En entrevistas, varios agentes actuales y anteriores compararon la decisión de permitir que el fentanilo llegara a las calles con la infame “Operación Fast and Furious”, un escándalo de 2011 en el que compradores falsos introdujeron de contrabando unas 2.000 armas de asalto a México con la intención de rastrearlas hasta líderes de cárteles.
La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos recibió duras críticas bipartidistas después de que dos de esas armas aparecieran en la escena del tiroteo fatal de un agente de la Patrulla Fronteriza, y el Departamento de Justicia prohibió explícitamente a los agentes permitir que se traficaran armas de fuego.
Howell se inquietó tanto por la falta de incautaciones de fentanilo por parte de su agencia que comenzó a señalar muertes por sobredosis que podrían haber sido causadas por las mismas pastillas que la DEA permitió que fluyeran hacia los distribuidores. Uno de esos casos incluyó a un niño de 15 meses que murió después de ingerir residuos de fentanilo quemado el año pasado en Española, un pueblo de Nuevo México devastado por la pobreza y la adicción.
Howell, quien se incorporó a la DEA hace 19 años tras una década en la Marina, llevó sus acusaciones a la Oficina del Asesor Especial de Estados Unidos. La agencia, encargada de proteger a los denunciantes, determinó inicialmente que existía una “probabilidad sustancial de irregularidades” y pidió al Departamento de Justicia que investigara.
A inicios de 2024, Howell dijo a la Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Justicia que agentes de la DEA habían observado —pero no incautado— entregas separadas de 150.000 y 50.000 pastillas de fentanilo.
La DEA y los fiscales federales, añadió, “se están colocando en una posición precaria en la que no podrán demostrar que el fentanilo que pudieron haber detenido no resultó en la muerte de una persona”.
La Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Justicia determinó en 2024 que la DEA y la fiscalía federal habían tomado decisiones razonables al decidir permitir que las drogas no fueran incautadas y que su inacción no representó un “peligro específico para la salud pública”.
La Oficina del Asesor Especial, que según críticos rara vez cuestiona las conclusiones de las agencias, consideró razonable el informe del Departamento de Justicia.
Howell, mientras tanto, pagó un precio por hacer sus denuncias. La DEA lo relegó a tareas de escritorio durante más de un año y redujo sus evaluaciones de desempeño, según Howell y registros de la DEA. Los registros internos también muestran que los fiscales le prohibieron testificar en un tribunal federal, citando su “patrón de negarse a acatar” advertencias para permitir que las drogas no fueran incautadas durante investigaciones de largo plazo.
Al señalar la propia campaña “Una pastilla puede matar” de la DEA, agentes actuales y anteriores dijeron que no podían entender la conclusión del organismo de supervisión de que las tácticas no habían puesto al público en peligro. Indicaron que la droga es tan peligrosa que debe manipularse en un laboratorio especializado.
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Goodman reportó desde Miami.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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