En prácticamente todos los países de la región se ha registrado el uso ilícito de la fuerza por parte de las autoridades, detenciones arbitrarias y juicios injustos, mientras que defensores de derechos humanos “siguieron siendo objeto de hostigamientos, ataques y criminalización y sus organizaciones se enfrentaron a obstáculos para su funcionamiento”.
Amnistía Internacional denuncia represión, censura y violaciones de derechos humanos en las Américas
SANTIAGO (AP) — Los gobiernos de las Américas han intensificado los esfuerzos por sofocar la disidencia con represión de protestas, criminalización de manifestantes, censuras y agresiones a periodistas, denunció el martes Amnistía Internacional (AI) en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.
El informe agregó que la región continuó mostrando un "deterioro del espacio cívico como resultado de la violación de los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica”.
Según la organización, durante 2025 se registraron restricciones indebidas de manifestaciones en Argentina, Canadá, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, México, Paraguay, Puerto Rico y Venezuela.
En varias las fuerzas de seguridad hicieron un "uso ilícito de la fuerza” para dispersarlas o reprimirlas. También se llevaron a cabo detenciones arbitrarias e investigaciones penales “utilizando así el poder punitivo del Estado para inhibir la libertad de expresión y de reunión pacífica”.
AI subrayó que, en Estados Unidos, la policía disparó y mató a 1.143 personas en 2025, con la población negra viéndose afectada de “manera desproporcionada por el uso de la fuerza letal”. Igualmente destacó los operativos de control de tráfico de drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico en los que “Estados Unidos mató por lo menos a 123 personas, en lo que parecieron ser ejecuciones extrajudiciales”.
Mencionó además la letal operación policial en una comunidad de Río de Janeiro, en la que “en contravención de las normas internacionales aplicables” se movilizó a miles de agentes civiles y militares y provocó la muerte de más de 120 personas.
La organización también mostró preocupación por cambios legales adoptados en varios países a fin de “limitar indebidamente el derecho a la libertad de asociación” como en Ecuador, El Salvador, Paraguay, Venezuela y Perú.
Como en otros años, los países americanos volvieron a registrar casos de acoso, censura y agresiones contra profesionales de la prensa con casos destacados en Argentina, Brasil, Cuba, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Venezuela.
“En Argentina el presidente Javier Milei denunció al menos a ocho periodistas por calumnias e injurias y en Guatemala un juez ordenó el regreso del periodista Jose Rubén Zamora a la cárcel pese a que los procesos en su contra estaban plagados de irregularidades”, destacó el informe.
Agregó que en el último año se ha agravado la “vigilancia digital ilícita y otras formas de injerencia en las comunicaciones y en la vida privada” citando los casos de Argentina, donde Milei lanzó una reforma de la policía federal, y de México, que aprobó una reforma que prevé la creación de un documento de identidad con datos biométricos.
También se han documentado asesinatos de periodistas en Colombia, Ecuador, Honduras, México y Perú.
El informe señaló que los defensores de derechos humanos han sido blanco de “hostigamientos, ataques y asesinatos” en casi todos los países de la región, en especial los activistas por el medioambiente.
En ese marco recordó los casos de Bolivia, donde 12 personas fueron acusadas judicialmente por oponerse a la actividad petrolera en una reserva nacional; de Canadá, donde tres indígenas fueron condenados a servicio comunitario por defender un territorio originario; la desaparición de una activista en Chile y el asesinato de dos defensores ambientales en Perú.
En Colombia la organización prevé que 2025 supere a los dos años anteriores en cuanto a violencia contra defensores de derechos humanos.
El documento apuntó además que, en la mayoría de la región, las personas privadas de la libertad soportaron “condiciones de detención inhumanas y el hacinamiento era un problema estructural y recurrente”.
En El Salvador la tortura y otros malos tratos continuaron en las prisiones. Además, las muertes bajo custodia estatal desde el inicio del estado de excepción decretado por el gobierno del presidente Nayib Bukele ascendieron a 470.
AI matizó que en Cuba, Nicaragua y Venezuela los considerados opositores al gobierno estuvieron especialmente expuestos a sufrir torturas y otros malos tratos.
A lo largo de 2025, la organización también detectó retrocesos en materia de derechos sexuales, reproductivos, de las mujeres y niñas, de la comunidad LGTB y de los pueblos indígenas, así como de los migrantes y refugiados.
FUENTE: AP
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