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SUSCRIBITEWASHINGTON (AP) — El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, presiona a los fiscales federales para que investiguen al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al fiscal general del estado, Keith Ellison, por acusaciones de que no lograron detener un fraude generalizado en los servicios sociales, lo que amplía las preocupaciones de que la Casa Blanca utilizará una nueva división del Departamento de Justicia para apuntar contra rivales políticos.
Vance, a quien se ha encomendado encabezar los esfuerzos antifraude del gobierno de Trump mientras busca elevar su perfil político como posible candidato presidencial en 2028, citó en una carta al Departamento de Justicia un informe del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, controlado por los republicanos, que sostiene que Walz y Ellison estuvieron al tanto durante años de abusos generalizados de programas gubernamentales y permitieron que prosperaran.
Hasta el martes, el Departamento de Justicia no había respondido a preguntas sobre si abriría una investigación. No se sabe qué posibles violaciones de la ley federal, si es que existieran, podrían sustentar una pesquisa sobre los funcionarios demócratas de Minnesota, quienes han defendido sus esfuerzos para combatir el fraude y han afirmado que otra investigación del Departamento de Justicia relacionada con líderes estatales tiene motivaciones políticas.
Durante mucho tiempo, Minnesota ha estado bajo la lupa por las asombrosas cantidades de fraudes en programas para niños y otros servicios sociales, en las que han sido imputados decenas de acusados durante los gobiernos del presidente demócrata Joe Biden y del republicano Donald Trump. Sin embargo, la remisión de Vance para que se investigue a líderes estatales marca una escalada en la declarada “guerra contra el fraude” del gobierno de Trump, que, según funcionarios, no sería política ni partidista.
Vance busca que se realice una investigación por parte de una nueva división del Departamento de Justicia que ha motivado un intenso escrutinio por el potencial de influencia política, dada su estrecha relación con la Casa Blanca de Trump. La Casa Blanca anunció en enero la creación de la división y al principio dijo que su líder le rendiría cuentas directamente al presidente en lugar de seguir la cadena de mando típica del Departamento de Justicia.
El portavoz de Walz, Teddy Tschann, se burló del comité de la Cámara, al que calificó como “nada más que una broma” que sigue “recalentando el fraude de la era del COVID”.
“Al gobernador Walz le alegra ver que los estafadores van a prisión”, escribió Tschann en un correo electrónico. “Si al comité le preocupa la corrupción, debería investigar por qué el presidente Trump sigue dejando salir de prisión a estafadores”. El mandatario ha concedido clemencia a numerosos acusados condenados por delitos financieros, entre ellos, un hombre sentenciado a 50 años de prisión por orquestar un fraude a Medicare por más de 200 millones de dólares.
Ellison calificó las acusaciones de infundadas y desestimó la solicitud de Vance como “una maniobra política de un gobierno que utiliza la maquinaria del Estado para atacar a quienes percibe como oponentes, mientras extiende indulgencia a quienes están alineados con sus intereses”.
“Es profundamente preocupante ver cómo se desvían facultades oficiales y recursos públicos que deberían servir a la gente y, en cambio, se orientan a perseguir adversarios políticos”, manifestó Ellison en un comunicado. “El gobierno no está para eso, y eso disminuye la confianza pública en nuestras instituciones”.
El comité de la Cámara alega que “las advertencias sobre fraude se elevaron a los niveles más altos del gobierno estatal de Minnesota” y que los pagos continuaron “mucho después de que surgieran señales creíbles de fraude”. En su solicitud, Vance escribió que los funcionarios de Minnesota o de cualquier otro lugar del país “deben rendir cuentas” si facilitaron el fraude, si impidieron que los funcionarios lo detuvieran o si tomaron represalias contra denunciantes que intentaron reportarlo.
“Los funcionarios estatales de Minnesota no están por encima de la ley”, escribió Vance en una publicación en X.
El gobierno de Trump ha chocado repetidamente con funcionarios de Minnesota no solo por el tema del fraude, sino también por la enorme ofensiva federal contra la inmigración que se extendió por el área de Minneapolis-St. Paul y otras comunidades y derivó en protestas generalizadas.
En enero, el Departamento de Justicia entregó citaciones de un jurado investigador a funcionarios de Minnesota como parte de una investigación sobre si obstruyeron o entorpecieron a las fuerzas federales del orden mediante declaraciones públicas que realizaron. No está claro el estado de esa investigación.
El gobierno de Trump ha promocionado la creación de la División Nacional de Aplicación de la Ley contra el Fraude como un paso crucial en sus esfuerzos por prevenir el uso indebido del dinero de los contribuyentes. El líder de la división, el fiscal general adjunto Colin McDonald, es un fiscal veterano que ha prometido impulsar casos “sin temor ni favoritismos”.
Sin embargo, varios críticos han cuestionado los motivos del gobierno detrás de la nueva división, dado que el fraude ya era procesado por la División de Justicia Penal de la agencia, que el año pasado anunció el mayor operativo coordinado contra entramados de fraude sanitario en la historia del Departamento de Justicia.
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El periodista de The Associated Press Scott Bauer contribuyó a este informe desde Madison, Wisconsin.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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