Además, se considerará que los delitos por el uso de empresas fantasma o facturas falsas ameriten prisión preventiva y se equipararán al de contrabando.
Los cambios en las leyes, que ahora deben ser avalados por el Congreso, fueron una iniciativa del partido gobernante, Morena, que aseguró que las medidas están dirigidas al combate a la corrupción.
La utilización de facturas falsas en México se practica tanto a gran escala como por pequeños contribuyentes, con el objetivo de conseguir reducciones fiscales.
Según la promotora de la iniciativa, la senadora Marybel Villegas, de 2014 a junio de 2019 se identificaron cerca de 9.000 empresas que facturaron operaciones simuladas por unos 80.000 millones de dólares, recursos que podrían ser destinados a las entidades con mayores rezagos sociales.
El Partido Revolucionario Institucional y el Partido de Acción Nacional, ambos de oposición, criticaron la iniciativa que, a su juicio, criminaliza a los contribuyentes.