El condado que abarca a Salt Lake City presentó el litigio el lunes ante un tribunal federal, en la más reciente iniciativa contra los intentos de las autoridades por erigir centros de detención de inmigrantes sin consultar a funcionarios locales.
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Presentan demanda en Utah para evitar construcción de centro de detención para inmigrantes
Un condado de Utah presentó una demanda para bloquear el plan del Departamento de Seguridad Nacional de convertir un enorme almacén en un centro de detención para inmigrantes.
El plan del gobierno constituye la propiedad más cara adquirida hasta ahora por el Departamento de Seguridad para tal propósito: 145,4 millones de dólares por un almacén de 77.388 metros cuadrados (833.000 pies cuadrados), es decir, aproximadamente el tamaño de 15 campos de fútbol americano que albergaría hasta 10.000 inmigrantes. La compra de marzo, a un grupo de desarrollo inmobiliario parcialmente propiedad de Deutsche Bank, costó casi un 50% más que el valor de mercado tasado en el 2025, según registros.
En total, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) compró 11 almacenes por más de 1.000 millones de dólares entre enero y marzo, en las últimas semanas del mandato de la secretaria Kristi Noem, bajo su plan de 38.300 millones de dólares para un nuevo modelo de detención destinado a aumentar la capacidad de camas y agilizar las deportaciones. La Oficina del Inspector General del DHS abrió una investigación para determinar si el plan fue un despilfarro, y el sucesor de Noem, Markwayne Mullin, lo ha puesto en pausa.
Al igual que otras presentadas en todo el país, la demanda en Utah alega que el DHS violó la ley federal al no realizar las revisiones ambientales requeridas ni obtener aportes de funcionarios estatales y locales antes de la compra.
“Este tipo de instalación no tiene cabida en Salt Lake City, no solo por su naturaleza inhumana, sino también por nuestro suministro limitado de agua, la mayor presión sobre los sistemas de servicios públicos y los impactos potencialmente drásticos en la salud y la seguridad públicas que tendría sobre nuestros residentes”, declaró la alcaldesa de Salt Lake City, Erin Mendenhall, en un comunicado.
La alcaldesa del condado de Salt Lake, Jenny Wilson, indicó que el plan “es una grave amenaza para la esencia misma de los valores de nuestra comunidad”, y añadió que saturaría la infraestructura, perjudicaría a las empresas y socavaría la salud y la seguridad públicas.
Un grupo activista recién formado, Uproar Utah, también tenía previsto realizar una conferencia de prensa el martes para hablar sobre el litigio contra el plan.
La oficina de prensa del DHS no ha respondido a una solicitud de comentarios.
En otros lugares también han surgido acciones legales contra este tipo de iniciativas del gobierno, a veces con éxito.
En Pensilvania, la administración del gobernador demócrata Josh Shapiro ha emitido órdenes administrativas que bloquean el funcionamiento de dos centros de detención previstos hasta que el DHS demuestre que cumplen con las regulaciones ambientales estatales y federales. El DHS está apelando las órdenes.
En Maryland, un juez ha concedido una orden judicial preliminar que detiene la construcción de un almacén de Williamsport mientras se tramita una demanda. En Nueva Jersey, el Servicio de Inmigración y Aduanas está preparando una nueva evaluación ambiental y una decisión después de que se presentara una demanda contra su plan de un centro de detención en el municipio de Roxbury. Otros casos están pendientes en Arizona, Michigan y Georgia.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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