Oswaldo Payá 01 agosto 2015

HRF elevará el caso de Payá al relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales

La organización también quiere promover una audiencia pública en la OEA para que se presione desde esa instancia al régimen cubano.

La organización de derechos humanos Human Rights Foundation elevará el caso de Oswaldo Payá al relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, avanzaron a DIARIO DE CUBA los juristas Javier El-Hage y Roberto González, autores del primer informe jurídico independiente sobre la muerte del opositor hace tres años.

Asimismo, también quieren promover en la Organización de Estados Americanos (OEA) una audiencia pública sobe el caso del opositor, "para que se investigue y se le pida desde ese foro al Gobierno cubano que se lleve a cabo una investigación independiente".

El-Hage y González consideran que la muerte de Payá y Harold Cepero debe convertirse en otro caso Liu Xiaobo, el Premio Nobel de la Paz encarcelado por el régimen chino y a favor de quien algunos gobiernos democráticos ejercen presión sobre China en ocasiones.

Los juristas van más allá en las comparaciones: "Queremos que se ejerza sobre Cuba la misma presión que en los años 1980 se hacía sobre Pinochet por los asesinatos políticos durante la dictadura en Chile".

Los expertos equiparan la improbable posibilidad de hacer justicia en el caso de Payá a la que existía también en el caso de los desaparecidos en tiempos de dictadura en Argentina. "Los miles de desaparecidos eran simplemente un rumor escondido, no solo por la propaganda oficial, sino también por los jueces del país; los casos que llegaban a las cortes no prosperaban". La disidencia cubana se encuentra también en esta situación cuando acude a los órganos de justicia de la Isla.

Los juristas describen así la situación en la que está hoy Cuba y el ejemplo paradigmático se encarna en las extrañas circunstancias de la muerte de Payá y Cepero: "Es un caso entre miles después de 56 años de régimen, con un sistema de justicia que no está orientado a encontrar la verdad, porque cuando el caso tiene algún componente político el sistema de se dedica a validar la versión unilateral falseada y fabricada por el Estado".

En este sentido, la cascada de irregularidades y situaciones poco respetuosas con los derechos individuales en la información disponible sobre el accidente en el que murió el principal opositor cubano de los últimos años reafirman la conclusión de que el Gobierno cubano es responsable directo de lo ocurrido.

Subrayan que la familia Payá todavía no ha obtenido el resultado de la autopsia del opositor y que la única comunicación oficial que tienen de su muerte es un pequeño cartón en el que a mano está escrita la causa del fallecimiento: "lesión cuerpo nervioso". Asimismo, a la familia se le devolvió la ropa del fallecido lavada y empaquetada. "Eliminaron la posibilidad de que ellos trataran de obtener un análisis científico", indica El-Hage.

Retrato demoledor del sistema jurídico cubano

El informe sobre Payá ha servido para que los juristas hicieran un retrato demoledor del sistema jurídico cubano, dejando al descubierto una realidad cruda. Ponen énfasis, por ejemplo, en el hecho de que los abogados solo pueden ejercer si forman parte de un colectivo oficialista, en cuyo código ético se establece que deben ejercer su profesión en defensa del socialismo y hacerlo tal y como lo interpretó el dictador Fidel Castro.

"No es ni tan solo un pensador o una ideología la que inspira el código de ética de los abogados cubanos. El código no deja lugar a que los abogados interpreten; deben ejercer su profesión guiados por la interpretación que Fidel Castro hace de la 'justicia socialista'", explica González.

A pesar de que los juristas consideran poco probable de que el régimen haga nada, creen que la presión internacional "puede mantener el caso de Payá en la memoria colectiva internacional para que, una vez caída la dictadura, el tema se esclarezca".

Los juristas creen que es prácticamente imposible que pueda aparecer un contrainforme que exculpe al Gobierno porque ha dejado muchas evidencias por el camino.

"Dado el contexto es imposible que el Gobierno pueda salir con un contrainforme que contradiga nuestras conclusiones, la única manera sería que abriera el expediente que mantiene cerrado y allí se mostrara que ha habido un careo normal y amplio y que, por tanto, los resultados del peritaje que hizo el Gobierno es creíble. Pero eso es imposible porque no se produjo nada de eso".

En Cuba, reiteran los juristas, se produce un situación que no se da en las democracias. El abogado defensor no puede revisar las pruebas extensamente y ni las puede tampoco impugnar. "En el caso Payá no hubo ni la más mínima oportunidad de impugnar el procedimiento judicial, la Seguridad del Estado creó deliberadamente una nebulosa y existen múltiples evidencias de que el Gobierno cubano activamente ha oscurecido los hechos ocurridos en julio de 2012".

Un informe para el 'confort moral de la familia'

El informe de Human Rights Foundation se propone ofrecer "un confort espiritual" a las familias de las víctimas, ante el hecho que mientras exista dictadura los asesinatos políticos no se pueden esclarecer ni los gobiernos autoritarios los admiten. No lo hicieron ni Pinochet ni Franco, recuerdan los juristas.

"Es aquí donde nuestro informe juega un rol fundamental, la familia encuentra un confort moral al ver que hay alguien que sabe el método, que son abogados, independientes y neutrales y que, con argumentos y todas las evidencias, han llegado a la conclusión que aquí hubo participación directa del Estado", explica El-Hage.

El informe también debe servir para "elevar la conciencia en las democracias" para que se pueda seguir ejerciendo "presión sobre este tipo de regímenes" de manera que "estos crímenes van a tender a disminuir".

Fuente: diariodecuba.com

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