Los motivos son los mismos. El contexto, diferente. Por estos días Vladimir Putin y Nicolás Maduro están en la lupa de la justicia internacional. Desde el pasado 24 de febrero el mandatario ruso está llevando a cabo una brutal y sangrienta invasión a Ucrania, mientras que el dictador venezolano se mantiene en el poder bajo un amplio esquema de represión y persecución. El saldo de ambos casos es similar: miles de muertos, y millones de refugiados y desplazados. Esto hace que los caminos de Putin y Maduro se crucen en una misma dirección: La Haya, sede de la Corte Penal Internacional (CPI).
La oficina de Karim Khan, el fiscal de la CPI, se sumó el pasado 25 de abril al equipo conjunto formado por Lituania, Polonia y Ucrania, y coordinado por Eurojust, para recoger pruebas de los presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad que se están cometiendo en territorio ucraniano.
El equipo conjunto de investigación (ECI) se creó el 25 de marzo para facilitar las investigaciones de cara a eventuales juicios que se celebren en los Estados involucrados, así como el proceso judicial que podría abrir la CPI en el futuro en caso de que se reúnan suficientes pruebas que demuestren la comisión de crímenes de su jurisdicción y pueda arrestar a los sospechosos y trasladarlos a La Haya, condiciones imprescindibles para iniciar un juicio.
Khan y los fiscales generales de Lituania, Polonia y Ucrania firmaron un acuerdo sobre la participación de la fiscalía de la CPI en el ECI, en el que subrayaron que harán “todos los esfuerzos para recopilar pruebas de manera efectiva sobre los principales crímenes internacionales cometidos en Ucrania y llevar a los responsables ante la Justicia”.
El fiscal de la Corte Penal abrió a principios de marzo una investigación por la brutal invasión a Ucrania después de una remisión del caso por parte de 39 Estados. Desde entonces, sus investigadores están recogiendo pruebas sobre la presunta comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, mientras persisten los ataques de las tropas de Putin contra la población civil.
El tribunal de justicia internacional investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de “un ataque generalizado o sistemático contra cualquier población civil”. Estos incluyen asesinato, exterminio, traslado forzoso, tortura, violación y esclavitud sexual. Todas acusaciones que pesan sobre los soldados rusos en estos tres meses de invasión.
Desde el 24 de febrero hasta el 20 de mayo, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) contabilizó 3.838 civiles muertos, pero advirtió que la cifra podría ser mayor. Según detalló el organismo, murieron 1.454 hombres, 947 mujeres, 89 niñas y 98 niños; así como 69 niños y 1.181 adultos cuyo sexo no ha podido ser identificado. Más de 4.000 civiles, en tanto, habrían resultado heridos.
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FUENTE: infobae.com