Intacta la junta fiscal

El presidente Donald Trump sometió al Senado de EE.UU. los nombres de los actuales siete integrantes

Luego de cuatro meses de haberse declarado que las designaciones de los siete miembros de la Junta Federal de Control Fiscal (JFCF) se habían realizado de manera inconstitucional, el presidente estadounidense Donald Trump finalmente sometió los nombramientos de los integrantes actuales del organismo regulador para que sean confirmados por el Senado.

Esto sucede a tan solo un mes de que venza el término dado por el Primer Circuito de Apelaciones de Boston para la nominación y confirmación de los integrantes y en momentos en que se espera que la próxima semana el Tribunal Supremo de Estados Unidos acoja un pleito sobre la constitucionalidad del ente fiscal.

Según trascendió, los siete jueces del máximo foro judicial podrían decidir a principios de la próxima semana si revisarán la decisión de inconstitucionalidad del Primer Circuito de Apelaciones de Boston sobre los nombramientos de Andrew Biggs, José Carrión, Carlos García, José González, Arthur González, Ana Matosantos y David Skeel.

Opositores de la junta han manifestado estar confiados en que el tribunal emita una decisión con premura ante el vencimiento del periodo de los miembros actuales el 15 de julio y la caducidad del término el 30 de agosto.

Reacciona Rosselló

El gobernador Ricardo Rosselló sostuvo que, a su entender, el proceso de renominación de los miembros del ente no pasó por el mismo rigor en la verificación de antecedentes al que someten a otros nominados ante la consideración del Congreso.

Rosselló mencionó, además, que estos miembros ya han ocupado estas sillas por dos años y que él pasó juicio de su desempeño durante el mensaje de presupuesto en el que calificó la junta como “errática”.

“Lo que espero es que en el proceso legislativo y en el proceso de confirmación se les pueda hacer las preguntas y que ellos puedan tener contestaciones válidas y puedan contestar porqué quieren reducir las pensiones a los jubilados cuando hemos demostrado que no es necesario”, dijo el primer mandatario. “Que puedan establecer por qué quieren irse por encima de lo que dice el proyecto de Promesa para establecer política pública”.

Ante este panorama, la junta pidió ayer una extensión adicional en la moratoria que otorgó el pasado 6 de mayo la Corte de Apelaciones sobre el funcionamiento del organismo regulador. Mediante declaraciones escritas el ente fiscal indicó que —de no otorgarse la extensión— la junta no podría cumplir con sus responsabilidades luego del 15 de julio.

Indicó, además, que estaría “echando al traste todo lo que se ha logrado en el proceso de reestructuración” y que “la economía y la ciudadanía (de Puerto Rico) sufrirían daños irreparables”.

Asimismo, agregó que “los miembros de la JFCF agradecen al presidente y a su administración y esperan continuar sirviéndole a Puerto Rico bajo la ley Promesa luego del proceso de confirmación”.

A entregar información del acuerdo con la AEE

Paralelamente, el ente federal deberá entregar hoy a la jueza federal Laura Taylor Swain información adicional que sustente y explique a fondo la efectividad del acuerdo pactado por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con sus acreedores.

La jueza había señalado que el acuerdo presentado carece de transparencia e información necesaria para poder entender si es razonable y que necesitaba detalles para que la corte pueda aclarar si tiene autoridad para aceptar un acuerdo que dispone modificar la deuda de la corporación, impone cargos a los abonados y requiere legislación para ejecutarlo.

Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la junta, dijo a EL VOCERO que “se trata de una cuestión procesal y no de algo que represente un problema”, por lo que estarían haciéndose cargo de la situación.

Se espera que —en conjunto con el gobierno—, estén sometiendo la información que fue requerida.

Fuente: elvocero.com

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