Enfrentados la junta y el gobierno por nuevo ajuste de deuda

El ente fiscal llega a acuerdo con un grupo de bonistas sin el aval de la administración Rosselló

Un nuevo acuerdo anunciado por la Junta Federal de Control Fiscal (JFCF) para reestructurar alrededor de $3,000 millones en deuda garantizada volvió a establecer la línea de las diferencias con el gobierno central, que de inmediato lo objetó y dijo que no lo avalará.

La junta divulgó anoche el acuerdo con bonistas agrupados en la Coalición de Deuda Constitucional Legítima (CDCL), que incluye a acreedores con bonos de las obligaciones generales (GO´s) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP). Se trata de deuda garantizada emitida previo a 2012 y contempla un nivel inicial de recuperación de 64% de cada dólar para los bonistas.

El representante del gobierno ante la junta fiscal, Christian Sobrino Vega, dijo a EL VOCERO que el acuerdo propuesto para la AEP solamente equivale a $3 mil millones aproximados y que no cuenta con el apoyo de la administración del gobernador Ricardo Rosselló.

La deuda garantizada del gobierno, compuesta principalmente por bonos de los GO´s, es la segunda partida más grande -por emisor- y asciende a sobre $13 mil millones.

“Inicialmente nosotros participamos en las negociaciones del acuerdo hasta que desafortunadamente nos dimos cuenta de que lo iban a amarrar a una reducción de las pensiones. En ese momento nos retiramos porque no podemos apoyar un acuerdo que termine siendo perjudicial para la gente. Entendemos que la junta está haciendo esto para adelantar trabajo antes de que caduque su constitucionalidad”, comentó el funcionario.

Sobrino, también director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), hizo hincapié en que este acuerdo no permite negociaciones alternas y que “para que se pueda ejecutar este o cualquier otro acuerdo relacionado al plan de ajuste de deuda, van a requerir acción legislativa y nosotros no vamos a apoyarlos”.

Según dispuesto en el documento presentado por el ente federal, los bonistas participantes en el acuerdo recibirán nuevos bonos y dinero en efectivo. Los acreedores que posean deuda inconstitucional y que estén dispuestos a negociar, podrían recibir hasta 59 centavos. Asimismo, detalla el pago de 9 centavos de dólar al resto de la deuda del gobierno central, entre los que se incluye a otros bonistas no asegurados.

El acuerdo anunciado ayer en la noche, junto con el reciente acuerdo preliminar del Comité Oficial de Retirados del Gobierno (COR) -con reclamos de $55 mil millones en beneficios de pensión-, entre otros, brindan a Puerto Rico la ruta para encarrilar la reestructuración consensuada “y emerger del proceso establecido en el Título III de Promesa”, indicó la junta fiscal.

“El acuerdo con los acreedores y el acuerdo con el COR y los sindicatos son un hito para Puerto Rico en el camino hacia un futuro con pagos sostenibles de la deuda, pensiones seguras y la estabilidad fiscal”, señaló José Carrión, presidente de la junta fiscal, quien también destacó que un plan de ajuste proporcionará confianza a los inversionistas.

De acuerdo con el documento, el acuerdo entablado por la junta con los acreedores “es un reconocimiento de los bonistas y otros sectores con reclamaciones contra el gobierno de que la difícil situación financiera que atraviesa Puerto Rico requiere una reducción significativa de su deuda a niveles sostenibles”.

Alegan, además, que el pacto es un elemento importante del plan de ajuste que estarán sometiendo a inicios del mes entrante y que permitirá a la Isla salir de la deuda a principios del año próximo. El mismo se fundamenta en el plan fiscal enmendado certificado el pasado 9 de mayo, en el que se promulgan reducciones a los beneficios de los pensionados.

Insiste en su rechazo el gobierno

Sobrino explicó, además, que el organismo regulador incluyó un incentivo o “support fee” para atraer más bonistas a que se suscriban al acuerdo, porque aún no tienen mucho respaldo. Indicó que “en la medida en que el gobierno no sea parte del acuerdo, no pueden presumir que ese dinero va a estar disponible o que se va a pagar”.

“El grupo de acreedores que apoya este acuerdo es entre todo bastante limitado y no resuelve las deudas de las entidades ‘clawback’ como la Autoridad de Carreteras y el Distrito de Convenciones. Queda deuda y mucho trabajo por delante”, comentó el titular de Aafaf.

Hablan los acreedores

La Coalición de Deuda Constitucional Legítima (CDCL), que incluye algunos titulares de bonos GO’s y de la AEP, opinó mediante declaraciones escritas que el pacto ofrece a todos los bonistas resultados equitativos.

Por su parte, Susheel Kirpalani, representante legal de la CDCL, acotó que la resolución “establece los parámetros para reducir la deuda directa del Estado Libre Asociado (ELA), así como los reclamos generales no-asegurados, en un total de $23 mil millones”.

“Es un desarrollo muy positivo para Puerto Rico que una porción diversa de tenedores de bonos significativos haya trabajado con la junta para desarrollar un acuerdo de reestructuración consensuado que va a acelerar que el ELA salga de la bancarrota, respetar la prioridad legal de la deuda pública válida y ayudar en última instancia a restablecer el acceso a los mercados de capital”, puntualizó Kirpalani.

Fuente: elvocero.com

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