Mundo 02 julio 2020

Juez niega a Venezuela acceso al oro en Banco de Inglaterra

LONDRES (AP) — Un juez británico rechazó el jueves dar a Venezuela el control sobre más de 1.000 millones de dólares en oro depositados en una cámara del Banco de Inglaterra, alegando que es ilegal entregárselo a Nicolás Maduro dado que Gran Bretaña no lo reconoce como presidente. La medida fue festejada por la oposición, por considerar que protege los recursos de los venezolanos.

Maduro había pedido tener acceso al oro para ayudar a que la nación sudamericana, con un grave problema de liquidez, luche contra la pandemia del coronavirus, pero el banco central de Gran Bretaña, cuyo gobierno reconoce al líder opositor venezolano Juan Guaidó como el líder legitimo del país, se ha negado a entregarle las reservas al ejecutivo socialista de Maduro, al que considera ilegítimo y corrupto.

El mandatario venezolano solicitó a la justicia local iniciar procedimientos para castigar a quienes participaron en el proceso sobre el oro, señala un comunicado del gobierno que difundió el jueves el canciller Jorge Arreaza en su cuenta de Twitter.

En el escrito Caracas sostiene que la decisión del juez británico está basada en la “alucinante autoproclamación” como presidente interino de Venezuela de un diputado, en alusión a Guaidó, que no mencionaron en el texto, al que acusaron de ser el “cabecilla de una organización criminal internacional” que busca apoderarse de los recursos del país suramericano.

El gobierno indicó que denunciará en todas las instancias internacionales el “atroz atropello” y “robo”, y que persistirá en la vía judicial.

Los abogados de Guaidó reiteraron durante una audiencia reciente su posición de que él, como presidente de la Asamblea Nacional, es el presidente legítimo de Venezuela bajo la constitución nacional.

El fallo del juez británico aclara la cuestión de quién es el gobernante legítimo de Venezuela, al menos a los ojos de esa potencia mundial. Guaidó quiere que se conserve el oro en la institución para mantenerlo fuera del alcance del gobierno de Maduro.

El Banco Central de Venezuela, por su parte, buscaba acceder al oro, que quería vender para comprar la comida y los equipos médicos que Caracas necesita de forma urgente para atajar la pandemia del COVID-19. En su cuenta de Twitter, el Banco Central de Venezuela anunció el jueves que apelará de inmediato la decisión del tribunal inglés, a la que calificó de “absurda” e “insólita”.

La disputa se libra en torno a la posición de Gran Bretaña hacia Venezuela, un país en crisis económica y política donde Maduro y Guaidó se reivindican presidentes legítimos desde hace más de un año.

Un abogado que representa los intereses del ejecutivo de Maduro dijo que el gobierno apelará el fallo. En un comunicado, Sarosh Zaiwalla señaló que el fallo “ignora por completo la realidad de la situación sobre el terreno” en Venezuela.

Tras el anuncio de la sentencia, Guaidó envió un mensaje al entorno de Maduro expresando: “no se lancen por un barranco”. Advirtió en su cuenta de Twitter que “esta vez será peor” que en 2017 y 2018, cuando realizaron las elecciones para la oficialista Asamblea Nacional Constituyente y la reelección del mandatario venezolano.

Asimismo, la oficina de prensa de Guaidó dijo en un comunicado que mientras el “proceso judicial continúa”, los recursos se mantendrán en el Reino Unido y no serán usados en el corto plazo.

“Esta decisión contribuye inmensamente en la protección de los recursos de los venezolanos de las garras de la dictadura corrupta, específicamente, la reserva en oro depositado en el Banco de Inglaterra”, agrega el escrito.

Gran Bretaña, al igual que Estados Unidos y unos 60 países más, reconoce a Guaidó, que se proclamó presidente interino a principios de 2019 después que Maduro se declaró ganador en una elección que la oposición califica de amañada.

Con todo, el Reino Unido mantiene relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro y negó las credenciales diplomáticas a un embajador designado por Guaidó.

Por otra parte, el gobierno venezolano dejó el jueves sin efecto la medida de expulsión de la jefa de la delegación de la Unión Europea en Caracas, Isabel Brilhante Pedrosa, a quien Maduro le dio a inicios de semana 72 horas para abandonar el país suramericano en represalia por las sanciones que impuso el bloque a once funcionarios.

La medida fue anunciada en un comunicado conjunto del Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y el canciller venezolano, Jorge Arreaza, luego de una conversación telefónica en la que coincidieron en la necesidad de mantener un marco de relaciones diplomáticas en momentos en que las partes “pueden facilitar los caminos del diálogo político”.

Horas después, Maduro anunció que se abrió una nueva etapa de diálogo con la UE y que espera que en esta fase se dé una “rectificación profunda” del bloque respecto a Venezuela.

“Me parece buena la idea de darle una oportunidad... al diálogo, a la diplomacia, a la comunicación y a un nuevo entendimiento con la Unión Europea”, indicó el mandatario durante el acto de ascenso de los oficiales de la guardia presidencial.

El gobernante izquierdista criticó las sanciones que impuso el bloque a once funcionarios venezolanos que motivaron la expulsión de la diplomática europea, y reiteró el reclamo de Venezuela sobre la “ilegalidad” y la “injusticia” de esas medidas.

Arreaza dijo a la cadena regional Telesur que aspira a que de un "gesto recíproco” de parte de la UE que permita mejorar la relación.

El canciller indicó que en el diálogo con Borrell le expresó la molestia de Caracas ante la “permanente injerencia en los asuntos internos de Venezuela”, y por emitir sanciones que “no tienen basamento legal”, señala un mensaje que difundió el Ministerio de Relaciones Exteriores en su cuenta de Twitter.

La suspensión de la medida contra Brilhante Pedrosa generó algunas reacciones de respaldo en Venezuela, entre ellas, la del activista de derechos humanos Feliciano Reyna, quien indicó en su cuenta de Twitter que era un “serio error” la acción contra la embajadora porque “ponía en riesgo importantes gestiones en el ámbito político” y podía dificultar esfuerzos cooperación en el ámbito humanitario.

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Sánchez reportó desde Caracas.

Fuente: Associated Press

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