Defensores de los inmigrantes se dirigen a una corte federal de apelaciones en Nueva Orleans para tratar de salvar una disposición de la presidencia de Barack Obama que impide la deportación de miles de personas traídas a Estados Unidos cuando eran niños.

Un juez federal en Texas sentenció el año pasado que la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, (DACA por sus siglas en inglés) era ilegal, pero aceptó que la disposición siguiera vigente en su forma actual para los que ya se beneficiaban de ella durante las apelaciones.

Los partidarios de DACA planeaban una vigilia por la madrugada antes de que se presentaran los alegatos en la Corte de Apelaciones del 5to Circuito.

El Departamento de Justicia defiende el programa juntamente con el estado de Nueva Jersey, organizaciones como el Fondo México-Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF) y una coalición de grandes empresas —Amazon, Apple, Google y Microsoft, entre otras— según las cuales los beneficiarios de DACA son “empleados, consumidores y creadores de empleos”.

Texas, el demandante principal juntamente con otros ocho estados de tendencia republicana, alega que se aprobó el DACA sin pasar por los debidos canales legales y administrativos, y que la permanencia ilegal de inmigrantes en el país los perjudica económicamente.

“DACA impone clásicos perjuicios al bolsillo de los estados a través del costo de los servicios sociales, la salud pública y la educación”, sostuvieron los abogados de Texas en un acta, según la cual el estado gasta decenas de millones de dólares en servicios médicos para los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país.

Los defensores de DACA sostienen que el estado no ha demostrado que el fin del programa no traería una reducción de esos costos. Dicen que Texas debilitó su argumento de perjuicio financiero al esperar seis años antes de cuestionar el programa. Además, sostienen que los beneficiarios de DACA reducen los costos de Texas porque muchos de ellos tienen empleos con beneficios de salud y muchos son propietarios de viviendas cuyos impuestos sobre la propiedad sostienen las escuelas.

DACA ha enfrentado numerosos juicios desde que el entonces presidente Obama lo creó por decreto en 2012. Su sucesor Donald Trump trató de eliminarlo, pero la Corte Suprema sentenció que no lo había hecho debidamente, lo devolvió a la vida y permitió nuevas demandas, como la de Texas.

Fuente: Associated Press

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