Trump trataba entonces de cimentar su argumento para la imposición de medidas migratorias más estrictas y su oposición a las llamadas “ciudades santuario”, urbes donde las autoridades locales cooperan poco —o no lo hacen— con las autoridades federales de inmigración en cuanto a la persecución de personas que viven en Estados Unidos sin autorización.
El caso contra José Inés García Zárate por cargos federales de armas ha estado pendiente desde que el juez federal del Tribunal de Distrito Vince Chhabria planteó “serias preocupaciones” sobre las capacidades mentales del acusado en enero, informó el viernes el diario San Francisco Examiner.
“Estoy cansado de esperar aquí”, dijo García Zárate a la corte el viernes a través de un intérprete de español, y agregó que quería ser sentenciado a prisión o ser deportado a México.
García Zárate, quien mató a Kate Steinle, de 32 años, había sido excarcelado unas semanas antes del incidente fatal a pesar de la solicitud de las autoridades migratorias federales de mantenerlo bajo custodia para su eventual deportación. La política de ciudad santuario de San Francisco prohíbe la cooperación local con las tareas federales de deportación.
Dos médicos le diagnosticaron esquizofrenia a García Zárate y lo declararon no apto para ser juzgado porque no puede seguir los procedimientos judiciales. Dijeron que él cree que la electrónica le está transmitiendo mensajes a él y a otros presos y que cree que su abogado está aceptando sobornos de la policía.
El hombre también ha dicho que quiere declararse culpable. El juez le dijo el viernes que no se le permitiría hacerlo.
García Zárate ha estado detenido desde el 1 de julio de 2015, cuando hizo los disparos en un muelle abarrotado, lo que desató una tormenta política sobre la inmigración y el crimen.
FUENTE: Associated Press