Mundo 11 abril 2016

Venezuela: Tribunal declara inconstitucional ley de amnistía

CARACAS, Venezuela (AP) — El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró el lunes inconstitucional la ley de amnistía y reconciliación que aprobó a finales de marzo la mayoría opositora del Congreso y que buscaba liberar al líder opositor Leopoldo López y a varias decenas de los llamados "presos políticos".

La normativa, que no contaba con el respaldo del ejecutivo, fue enviada la semana pasada al tribunal por el presidente Nicolás Maduro para que se pronunciara sobre su constitucionalidad.

En un mensaje divulgado a través de su cuenta en Twitter, el máximo tribunal anunció que: "Por unanimidad la Sala Constitucional del TSJ declara inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional".

El dictamen se produjo 13 días después de que la Asamblea Nacional, controlada ahora por la oposición, aprobó el texto legal que contemplaba una amnistía para los llamados "presos y perseguidos políticos" de los últimos 17 años, y que según estimaciones de activistas de derechos humanos podría llegar a beneficiar a más de 5.000 personas.

La legislación exceptuaba de la amnistía a las personas que incurrieron en crímenes de guerra y en delitos de lesa humanidad, y a las autoridades o funcionarios que cometieron graves violaciones a los derechos humanos.

Tarde por la noche, durante un acto gubernamental con trabajadores públicos, Maduro saludó la sentencia, afirmando que está es inapelable.

"El Tribunal Supremo de Justicia ha sacado una sentencia inapelable declarando inconstitucional la ley que pretendía el autoperdón" de los responsables de los intentos de desestabilización que ha vivido Venezuela desde 1999 hasta el 2015, acotó el mandatario, quien manifestó que ese instrumento legal era una "ley de amnesia criminal y de impunidad".

El diputado opositor Tomás Guanipa rechazó el dictamen, afirmando que el propósito de la ley era conceder la libertad a aquellas personas que han sido "perseguidas por pensar distinto".

"El mundo es testigo de cómo todas las iniciativas de un Congreso, legítimamente electo, son torpedeadas, obstaculizadas por un gobierno y un máximo tribunal que parece representar sólo al Ejecutivo", dijo Guanipa a periodistas en las inmediaciones del Palacio Legislativo.

Desde la instalación de la actual Asamblea el 5 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia —cuyos miembros han sido designados en los últimos 17 años con el voto abrumador de los diputados oficialistas— se ha convertido en un actor decisivo en la trama política venezolana al revertir otras leyes aprobadas por la legislatura actual, en un abierto enfrentamiento entre poderes.

La ley fue una de las promesas electorales que promovió la coalición opositora durante la campaña de elecciones parlamentarias de diciembre pasado.

La sentencia consideró como inconstitucional una serie de disposiciones contenidas en la ley, entre las que destaca "la inclusión de delitos comunes, incluyendo delitos de delincuencia organizada, que no guardan relación con delitos políticos", así como "la inclusión en la amnistía de faltas administrativas que vulneran la defensa del patrimonio público y la lucha contra la corrupción, objeto de tratados internacionales suscritos por la República".

La Sala Constitucional también consideró los "efectos en la sociedad y el ordenamiento jurídico, al desconocer los derechos de las víctimas".

En ese sentido, la sentencia señaló que "si bien la Asamblea Nacional tiene atribuida la competencia de decretar amnistías, y sin perjuicio de que no se han definido a nivel constitucional o legal mayores límites expresos al alcance" del Poder Legislativo, "esto no significa que el parlamento pueda vulnerar los principios que inspiran la Constitución".

Entre las figuras más emblemáticas que se beneficiaban con esta ley está López, quien en 2015 fue condenado a casi 14 años de cárcel tras ser acusado de promover unas violentas protestas en la capital en febrero del 2014 que dejaron tres muertos y decenas de heridos.

El dirigente opositor, de 44 años, fue detenido el 18 de febrero del 2014 y recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de la capital, donde se encuentra actualmente.

La oposición ha defendido el proyecto de ley, argumentando que el país desea la reconciliación, a la par de considerarla necesaria con el argumento de que muchos opositores fueron sentenciados "en juicios trucados" con "pruebas indirectas, pruebas colaterales".

Fuente: Associated Press

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