Mundo 09 marzo 2016

Temen por la vida de ex miembros de "La Línea"

GUATEMALA (AP) — La fiscalía guatemalteca y La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala expresaron el miércoles su preocupación por la seguridad de dos ex miembros de una red de defraudación al fisco guatemalteco cuyo descubrimiento provocó la renuncia y encarcelación del entonces mandatario Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti.

El fiscal Francisco Sandoval dijo temer por la vida de Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de Baldetti y de Salvador González, supuesto financiero de la organización, quienes permanecen en prisión mientras son juzgados por varios cargos.

"Sí, tememos por la vida (de ellos) por las condiciones del sistema penitenciario tan inseguro, donde están ellos" dijo Sandoval a la Associated Press. Añadió que ambos han expresado temor por su seguridad.

Monzón y González están detenidos por pertenecer a "La Línea", una red de empleados y funcionarios públicos, particulares y empresarios que fraguaron un fraude millonario al fisco guatemalteco. Según la fiscalía, Monzón era uno de los líderes de la red.

El ex secretario, quien acudió el miércoles a una cita a los tribunales apareció vestido con chaleco y casco antibalas y rodeado de decenas de policías fuertemente armados. Luis Fernando Orozco, abogado de CICIG, pidió al Juez Miguel Ángel Gálvez, que ordene redoblar la seguridad del detenido, a lo cual accedió.

Tras breves minutos frente al juez para confirmar quién es su abogado, Monzón abandonó el recinto.

Otro de los involucrados en el caso Salvador Estuardo González alias "Eco", colaborador eficaz del caso y quien actualmente declara sobre el dinero que él recibía y entregaba a Monzón para que éste a su vez entregara a Baldetti y Pérez Molina, también denunció amenazas a principios de semana.

El titular de la Cicig, el abogado colombiano Iván Velásquez, dijo el miércoles en su cuenta oficial de Twitter que "Es deber de las autoridades de Guatemala proteger la vida de Salvador Estuardo González, 'Eco', notoriamente en peligro por su colaboración".

El fiscal Francisco Sandoval dijo que González dijo que recibió amenazas de parte de Pérez Molina, algo que negó enfáticamente su abogado César Calderón.

En su segundo día de declaraciones, González continuó su testimonio mientras la fiscalía le mostraba documentos, capturas de pantallas de su teléfono donde documentaba los pagos supuestamente hechos a Pérez Molina y Baldetti.

"La amenaza se la hicieron a mi esposa, le dijeron que mi familia corría riesgo si hablaba de Otto Pérez Molina", dijo González.

Tras dos horas de declaración, la audiencia fue suspendida por el juez que citó para el jueves para que González sea interrogado por los abogados defensores de los otros implicados en el caso.

La fiscalía aún no ha determinado el monto total de lo defraudado al estado, pero ha dicho que pudieran ser millones de dólares. En la acusación de la fiscalía se informa que Baldetti y Pérez Molina habrían recibido al menos 28 millones de quetzales, unos 3.6 millones de dólares, de sobornos.

Monzón también pretende ser colaborador de la fiscalía para testificar sobre el dinero entregado a Baldetti y Pérez Molina, producto de sobornos y de la defraudación al fisco. En la audiencia del miércoles Monzón dijo que lo que cuenta González es verdad y que él tiene "otra parte de la historia".

El colaborador eficaz es una figura que permite la Ley contra el Crimen Organizado en la que deberá aportar información verdadera que apoye la investigación y para deducir responsabilidad contra otros miembros de la red de mayor jerarquía. Podrá recibir el beneficio de una sentencia más corta, pero no podrá sobreseérsele el proceso, suspenderse la pena o recibir otros beneficios.

Por el caso Pérez Molina y Baldetti renunciaron a sus cargos en mayo y septiembre de 2015 respectivamente y están presos a la espera de saber si van a juicio o no por cargos de corrupción.

En abril de 2015, la Comisión y la fiscalía anunciaron la desarticulación de una red de particulares y empleados públicos que recibían sobornos de empresarios importadores para permitirles ingresar mercadería al país pagando menos impuestos a través de tres aduanas: Puerto Quetzal, Puerto Santo Tomas de Castilla y la Aduana central del país.

Fuente: Associated Press

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