Associated Press 24 mayo 2016

San Francisco mantendrá política de protección a migrantes

SAN FRANCISCO (AP) — Pese a la indignación nacional que despertó el asesinato de una mujer a manos de un hombre mexicano cuando caminaba por un muelle, las autoridades de San Francisco mantendrán vigente su estricta política de protección a inmigrantes que viven sin permiso en Estados Unidos, aunque con algunas aclaraciones.

La Junta de Supervisores tomó su decisión por unanimidad el martes después de considerar una medida que exige a los empleados de la ciudad, incluidos los policías locales, que avisen al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas solo si sobre un detenido pesan acusaciones de un delito violento y se le ha condenado por un crimen violento en los últimos siete años.

La medida, sin embargo, ofrece también al jefe de policía de San Francisco la capacidad de contactar con las autoridades migratorias en casos concretos de acusados de un delito grave si han sido condenados por otros similares en el pasado.

La votación se produce en un momento de profunda desconfianza entre las fuerzas de seguridad y las minorías de San Francisco. La semana pasada, el jefe de la policía se vio obligado a dimitir después de que agentes dispararan y mataran a una mujer negra desarmada, la tercera muerte desde diciembre.

Los defensores de la protección a migrantes presentes en la reunión aplaudieron la aprobación de la propuesta, incluso con las prerrogativas concedidas al jefe policial. Sostienen que hace falta una división clara entre la policía local y las autoridades federales de inmigración para fomentar la confianza. La ley de protección se remonta a 1989.

El asesinato de Kate Steinle en julio de 2015 y la detención de Juan Francisco López-Sánchez pusieron a los responsables de San Francisco a la defensiva ante las críticas y políticos ajenos a la ciudad, incluyendo el aspirante a la nominación presidencial republicana Donald Trump, pidieron cambios en la ley local.

El sheriff en ese momento, Ross Mirkarimi, citó esta ley para defender la puesta en libertad del hombre, reincidente por delitos de drogas. Mirkarimi, que tenía pocas opciones para ser reelegido, perdió ante una candidata que dijo que habría considerado una mayor comunicación entre la ciudad y el gobierno federal.

La jefa policial actual, Vicki Hennessy, se opuso a la propuesta original de la junta y dijo que su oficina debería tener mayor discreción para cooperar con las autoridades federales. Como cargo electo, no tiene que seguir las leyes de la junta.

El supervisor John Avalos, principal promotor de la medida, dijo que un juez debe determinar que el acusado es culpable de un crimen violento antes de poder aplicar la norma. Esto es un estándar más alto que un simple cargo de la oficina del fiscal de distrito, apuntó.

Fuente: Associated Press

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