La norma, que fue aprobada el miércoles por 293 a favor y ninguno en contra en una Cámara de Diputados con 378 escaños, solo afecta a los supermercados que facturen más de dos millones de euros (2,3 millones de dólares) al año.
Las empresas que incumplan la norma podrían recibir multas de entre 100.000 y 150.000 leus (entre 25.000 y 38.000 dólares) e incluso ser sancionadas con el cierre si se repiten las violaciones.
La medida recibió las críticas de la Asociación de Grandes Distribuidores, que dice que "socavará el comercio moderno" y privará a los consumidores de la opción de elegir.
La ley tiene que ser sancionada por el presidente del país, Klaus Iohannis. No estuvo claro si cumple las normas de competencia de mercado.