Mundo 07 agosto 2016

Presidente filipino vincula a 150 jueces, políticos a drogas

MANILA, Filipinas (AP) — El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, vinculó públicamente el domingo a más de 150 jueces, alcaldes, legisladores y militares con las drogas, y les ordenó entregarse a las autoridades para que se investiguen sus casos mientras intensifica su sangrienta guerra contra lo que califica de "pandemia".

Duterte cesó de inmediato a los miembros del Ejército y la policía a los que nombró y ordenó la retirada del personal de seguridad financiado por el gobierno para los políticos que fueron identificados en un discurso emitido por la televisora estatal en la madrigada del domingo. Además, revocó las licencias de armas de aquellos a los que nombró.

"Todos los militares y policías próximos a estas personas, les doy 24 horas para presentarse ante su unidad o iré a por ustedes. Les echaré del servicio", dijo Duterte en un discurso en un campamento militar en la ciudad de Davao, en el sur del país.

El mandatario afirmó que la lista con los nombres de políticos, jueces y miembros de las fuerzas de seguridad que le entregaron el ejército y la policía podría ser o no cierta, pero agregó que tiene el deber de revelar a la población cómo el problema del narcotráfico se ha vuelto omnipresente en el país.

La lista de nombres, en la que según Duterte tiene algunos amigos, ha sido validada por las autoridades y no contiene detalles sobre la presunta implicación de los funcionarios en el narcotráfico ni ofrece pruebas al respecto. Algunos nombres estaban incompletos, mientras que otros no incluían el rango o el puesto en el gobierno.

Entre los señalados hay ocho jueces además de cinco generales retirados y en activo. El resto son en su mayoría alcaldes y agentes de policía. Un general retirado, Vicente Loot, ya había sido nombrado en público antes por Duterte y negó cualquier implicación.

"Es una pandemia", dijo Duterte, exregidor de Davao, donde se labró una reputación por su estilo en la lucha contra la delincuencia, que supuestamente incluyó asesinatos extrajudiciales.

La última medida de Duterte va un paso más allá en su lucha contra el narcotráfico, que ya se cobró la vida de más de 400 presuntos traficantes y vendedores y supuso la detención de más de 4.400 personas desde que asumiera el cargo hace un mes. Casi 600.000 personas se entregaron a las autoridades.

Esta ofensiva ha sido una de las más importantes y sangrientas en la historia reciente de Filipinas y alarmó a grupos de derechos humanos y a la iglesia católica, que tiene mucho peso en el país. Pero Duterte rechazó estas preocupaciones y amenazó abiertamente con asesinar a los presuntos delincuentes, asegurando a los agentes de seguridad que los defenderá si reciben denuncias por su lucha contra el crimen.

Duterte asistió también a un velatorio por cuatro soldados que murieron en enfrentamientos con los rebeldes comunistas la semana pasada en la localidad minera de Monkayo, en el sureño Compostela Valley. Tres de los militares murieron por una mina antipersona, según el ejército.

Duterte criticó a los rebeldes por la utilización de este tipo de artefactos, que también matan a civiles. Advirtió que si alguien más fallece por un ataque rebelde con estas armas, cancelará las conversaciones de paz que está previsto que comiencen el 20 de agosto en Noruega.

Fuente: Associated Press

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