Mundo 22 agosto 2016

Panamá: Pactan operar hidroeléctrica en comarca indígena

PANAMA (AP) — En medio de protestas, autoridades indígenas y gubernamentales suscribieron el lunes un acuerdo para poner en funcionamiento una central hidroeléctrica que colinda con una comarca indígena y cuya construcción fue rechazada por los nativos.

La firma del acuerdo se realizó en una escuela en Llano Tugrí, en la comarca indígena Ngäbe Bugléal, al occidente del país, adonde se trasladó el presidente Juan Carlos Varela y su vicecanciller Isabel Saint Malo, quien lideró las negociaciones.

Los indígenas que no avalaron el acuerdo protestaron durante la reunión convocada para la firma del acuerdo y lanzaron piedras contra funcionarios de seguridad que custodiaban el acto. La policía confirmó a The Associated Press que un comisionado resultó herido.

El acuerdo pondrá en funcionamiento una central hidroeléctrica cuya construcción fue rechazada por indígenas, pero finalmente las autoridades aborígenes lograron ponerse de acuerdo con el gobierno para poner en operación la obra que fue autorizada en la anterior administración.

"El arduo y fructuoso trabajo desarrollado para concretar el acuerdo... sienta las bases para una nueva forma de resolver conflictos", dijo Varela en un comunicado.

Recordó que las negociaciones para concluir la obra tomaron cerca de 19 meses y que incluyeron giras y múltiples gestiones técnicas de especialistas, a través de una comisión que incluyó dirigentes indígenas, especialistas ambientales y autoridades.

El acuerdo establece que la operación del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco será manejada por "un tercero independiente" con suficiente experiencia para la operación y mantenimiento de centrales hidroeléctricas.

También contempla que el 50% del personal sea indígena, de la comarca Ngäbe-Buglé, y campesino.

El gobierno se compromete con las autoridades comarcales a crear un fideicomiso, con aportes públicos por el término de la concesión del proyecto hidroeléctrico para el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias, forestales, ecoturísticas y artesanales, entre otras.

El comunicado dice que el presidente y la vicepresidenta "lamentaron y rechazaron los actos de violencia aislados que se suscitaron en el marco del acto de la firma del acuerdo por parte de un grupo radical minoritario, pero celebraron que haya triunfado el diálogo".

La construcción de la presa, cuya inversión supera los 140 millones de dólares, comenzó en el 2011 durante el anterior gobierno.

La obra fue otorgada a la empresa Generadora del Istmo, de capital centroamericano. La presa produciría 28,6 megavatios, un pequeño porcentaje de la demanda total de electricidad que requiere el país.

Los aborígenes se opusieron a que se utilicen las aguas del río Tabasará para la generación de energía. El afluente atraviesa la comarca de esa etnia.

La posición de los indígenas puso en una situación incómoda al gobierno de Varela a comienzos del 2015, y se vio forzado a suspender temporalmente los trabajos que tenían para entonces más de un 90% de avance. Las obras se reanudaron tras un diálogo en el que se acordó concluir la obra bajo el compromiso de que no comenzaría a operar hasta alcanzar un consenso entre las partes.

Los nativos dicen que la central pone en peligro su principal recurso hídrico y su cultura, y que el embalse desplazará a centenares de pobladores y afectará tierras cultivables anexas a la comarca.

Fuente: Associated Press

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