Mundo 01 diciembre 2016

México: el crimen de la periodista que sigue sin resolverse

XALAPA, México (AP) — La muerte de la reportera Regina Martínez fue algo que muchos de sus colegas casi no pudieron soportar.

Otros cuatro ya habían sido asesinados en el estado de Veracruz en los primeros dos años de mandato del gobernador Javier Duarte. Primero, el columnista Noel López Olguín, secuestrado y asesinado de un tiro en la cabeza. Luego, Miguel Ángel López y Misael López Solana, padre e hijo que trabajaban para el periódico Notiver, muertos a balazos en su casa. Después, Yolanda Ordaz de la Cruz, reportera de crimen de Notiver, decapitada y torturada.

Pero Martínez, audaz, dedicada y conocida por ser incorruptible, era una inspiración. La corresponsal de 48 años del semanario de investigación Proceso era famosa por exponer el abuso y la corrupción en un estado rico en petróleo, rebasado por organizaciones criminales y un sistema político tan opaco como las junglas del sur.

Si ella no estaba segura, nadie podía estarlo.

El reportero de CNN Expansión, Rodrigo Soberanes, quien consideraba a Martínez su mentora, golpeó la pared de la escalera de su casa con rabia. El corresponsal Lev García lloró mientras escribió la notica para el periódico nacional Reforma.

El reportero de Notimex, Leopoldo Hernández, quien además aprendió periodismo al lado de Martínez, se encaminaba a una boda cuando García llamó a su teléfono.

"¿Estás sentado?", le preguntó. "Mataron a Regina".

Hernández sintió como si un rayo lo hubiera partido a la mitad. Dijo que llamó a la vocera de Duarte, Gina Domínguez, y le soltó una serie de groserías exigiéndole saber qué había ocurrido.

"Polo", dijo Domínguez con calma, usando su apodo, "parece que estás diciendo que fuimos nosotros".

"Si no fueron ustedes, ¿pues quién?", respondió Hernández.

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Para los periodistas, México es uno de los países más peligrosos del mundo y Veracruz es el estado más letal. Sus asesinos no son llevados ante la justicia.

En los últimos seis años, durante el gobierno de Duarte, 18 periodistas fueron asesinados, tres de ellos en 2016. Otros tres han desaparecido. Estas cifras para un estado del tamaño de West Virginia no tienen paralelo con ningún otro sitio en el mundo, a excepción de la provincia siria de Aleppo, según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

En esos mismos seis años, 37 periodistas fueron asesinados o desaparecieron en todo México. Ocho sólo este año, de acuerdo al comité.

Casi en cada caso, los periodistas han sido asesinados con impunidad. Defensores de la libertad de prensa sólo pueden nombrar un caso que resultó en condena: el asesinato de Martínez. Y hay varias razones para creer que el hombre en la cárcel por ese crimen no es el culpable.

La violencia suele ser atribuida a los carteles de droga de México. Eligen a ciertos periodistas para controlar a sus colegas con dinero, amenazas o ambos.

Sin embargo, de acuerdo a las estadísticas del mismo gobierno, más de una tercera parte de los ataques contra periodistas fueron realizados por funcionarios públicos. Ese número subió a 81% en Veracruz, donde silenciar a la prensa ha sido un escudo efectivo para la corrupción rampante y otras ilegalidades.

En México, la prensa no creció como un vigilante independiente del poder, sino al servicio del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó el país por 71 años continuos y en Veracruz por más de 80.

Gobiernos federales y locales pagan millones a medios de comunicación en lo que llaman publicidad oficial. Y como el expresidente mexicano José López Portillo una vez dijo: "No pago para que me peguen".

El gobierno de Veracruz no reveló cuánto dinero le ha pagado a la prensa, pero los periódicos mismos han dicho que pueden ser cientos de miles de dólares al mes. Jorge Morales, de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, dice que esos contratos obligan a los reporteros "a escribir mentiras, te obligan a manipular información, te obligan a hacer cosas no éticas". Ahí, los periodistas reciben salarios tan bajos como 200 dólares el mes, o menos, y son blancos fáciles de sobornos.

Martínez era diferente. Tenía un título profesional, vivía modestamente con un salario por encima del promedio de una revista nacional, y no permitía que una fuente o contacto le comprara si quiera una Coca-Cola. Ente los 18 asesinatos, el suyo es el que más resuena y es visto, incluso cuatro años después, como la consecuencia en México de decir la verdad sobre el poder.

Y su impacto va más allá de la prensa.

El asesinato de un periodista daña a toda la sociedad, dijo Andrés Timoteo, otro periodista que dejó Veracruz la misma noche que supo que su amiga Martínez había muerto. Supuso que él sería el siguiente. "Los criminales encontraron en los periodistas un vehículo para aterrorizar a toda la población. Si matas a un periodista, pones a temblar a todos... a la gente, los lectores, el gobierno, el gremio mismo... el crimen encontró un terreno fértil, porque había un gobierno permisivo, había un gobierno que no investigaba y no castigaba".

Cuatro años después, Timoteo sigue en el exilio.

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Era una mujer pequeña, de menos de 1,50 metros y 45 kilos, con una cara larga y facciones rígidas; Martínez era dura. Le dio voz a los pobres, a los explotados y a la oposición política, y fue como una espina en el costado de cuatro gobernadores.

Conociendo bien la corrupción de sus colegas, era tan cautelosa con ellos como con las autoridades. Había sido terriblemente lastimada cuando fue una joven reportera tras enterarse de que su novio, un fotógrafo, daba información sobre ella al gobierno. Ella rara vez habló sobre su vida privada, y para proteger a su familia les decía que no dijeran que estaban relacionados con ella.

Martínez empezó su carrera en la televisión estatal en Veracruz; orgullosamente, diría que fue despedida por no ser suficientemente atractiva. Eventualmente, a finales de los años 80, llegó a La Política, un diario nuevo de oposición. Cuando empezó a trabajar en Proceso, a finales de los años 90, ya se había convertido en una institución periodística.

Con campos petroleros en el norte, plantas petroquímicas en el sur y miles de hectáreas de cítricos, café y caña de azúcar en medio, Veracruz también es la ruta más corta entre Guatemala y la frontera con Estados Unidos, perfecto para el tráfico de drogas.

En un estado acostumbrado a una prensa dócil, Martínez dejó caer golpes con regularidad, abarcando todo, desde esterilización forzada a mujeres indígenas hasta el dinero público que fue desviado para pagar un avión del gobernador. Poco antes de morir, escribió que el déficit del estado de Veracruz había crecido 67,000% en 11 años, con nada que mostrara en que se usó la deuda.

Con frecuencia escribió acerca de Fidel Herrera, quien fue gobernador de 2004 a 2010, sobre señalamientos de que dio mal uso a fondos del estado para el equipo de futbol de los Tiburones Rojos, y sobre cómo su nombre aparecía en documentos oficiales de la Procuraduría General de la República en una investigación de carteles de droga. (Herrera ha negado cualquier conexión con el crimen organizado y no hay cargos en su contra).

Una de sus historias más importantes fue acerca de una indígena de 73 años que fue localizada casi muerta tras ser violada y golpeada en una zona pobre y montañosa de Veracruz. Antes de morir, la mujer le dijo a sus hijos que había sido atacada por soldados.

Una autopsia del forense estatal confirmó la violación y que murió a causa de sus heridas.

Las historias de Martínez causaron furor nacional, especialmente cuando fiscales federales y la Comisión Nacional de Derechos absolvieron al ejército tras impugnar la autopsia y decir que la mujer murió por causas naturales. Martínez entrevistó al forense, que mantuvo su postura.

Cuando Herrera dejó el cargo y Duarte, su protegido, lo sucedió a finales de 2010, la violencia relacionada a drogas en Veracruz escaló. Los Zetas estaban en una pelea por el control del puerto veracruzano con un nuevo cartel, alineado con Joaquín "El Chapo" Guzmán, el mayor capo de las drogas, de acuerdo con la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, y fuentes mexicanas.

Mientras tres periodistas fueron asesinados en seis años bajo el mandato de Fidel Herrera, cuatro murieron sólo en 2011.

Martínez también había sufrido acoso. A lo largo de los años fue excluida de los eventos del gobierno y de los comunicados oficiales a causa de sus textos. Algunas veces, cuando tenía una gran historia, copias de la revista Proceso desaparecían de los puestos de periódicos.

En diciembre de 2011, alguien se metió a su casa y robó su bono de Navidad.

Extrañamente, el ladrón dejó su baño lleno de vapor, como si hubiera tomado una ducha, y destrozó sus jabones decorativos. Fue un mensaje perturbador, pensaron sus amigos.

Sus amigos dicen que, en privado, estaba preocupada. Incluso, pensó en mudarse.

Todos conocían la rutina semanal de Martínez. Desaparecía los viernes por la tarde detrás de la reja de hierro de su modesta casa de un cuarto y no reaparecía sino hasta la mañana del lunes. A principios de 2012, Martínez había estado particularmente recluida, diciéndoles a dos personas de su círculo cercano que estaba trabajando en algo muy sensible.

En la tarde del viernes 27 de abril, cocinó frijoles y un guisado, y mandó un mensaje a una fuente para cancelar una entrevista en las próximas semanas. Alrededor de las 10 de la noche, su vecino llamó para decir que su reja de hierro se había quedado abierta. Ella le agradeció y dijo que la cerraría.

La mañana siguiente, el mismo vecino se percató de que la reja aún estaba entreabierta y la puerta abierta por completo. Trató de llamarla, pero no tuvo respuesta. A las cinco de la tarde, decidió llamar a la policía. El oficial de la patrulla que llegó, encontró a Martínez acostada boca arriba sobre un charco de sangre, golpeada y estrangulada con un trapo arrojado descuidadamente sobre su cara, cubriendo todo menos sus ojos.

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Prácticamente desde el inicio, los investigadores no consideraron el trabajo de Martínez como la causa de su asesinato. Las filtraciones a la prensa fueron inmediatas: que ella conocía a sus asesinos y había estado de fiesta con ellos hasta tarde esa noche. Fue un crimen pasional porque tenía la marca de una mordida en el cuello.

Justo después, el entonces fiscal del estado, Amadeo Flores Espinosa, llamó a una conferencia de prensa para decir que el móvil era probablemente el robo.

La escena del crimen era un desastre, con evidencia clave pasada por alto o destruida, de acuerdo con Laura Borbolla, entonces fiscal federal para delitos contra periodistas. Botellas vacías de cerveza, que podían contener evidencia de ADN, se habían empolvado exhaustivamente con polvo para revelar huellas dactilares, lo cual destruyó cualquier muestra. Investigadores forenses omitieron una mancha de sangre al lado del excusado. La recolección de huellas dactilares de botellas y superficies fue estropeada y sólo una pudo usarse.

De acuerdo con documentos judiciales, investigadores preguntaron a sus amigos y colegas si había sido amenazada. Dijeron que no. Eso fue el fin del interrogatorio sobre su trabajo.

En lugar de eso, los investigadores preguntaron a sus amigos más cercanos y reporteros cuánto bebía y si usaba drogas. Trataron a sus colegas como sospechosos, tomando huellas digitales y de zapatos para ver si coincidían con una marca de sangre que encontraron en el baño, y moldes de sus dientes por la marca de una mordida. Las filtraciones a la prensa indicaron que el amigo de Martínez, Leopoldo Hernández, quien había cuestionado la participación del estado la noche que murió, era su novio y el principal sospechoso, a pesar de que él tenía fotografías y recibos del cajero automático que lo ubicaban a tres horas de distancia al momento en que el crimen ocurrió.

En un perfil de la víctima escribieron que Martínez bebía para sobrellevar el estrés de su trabajo y que recientemente había ordenado minifaldas y productos que elevaran su lívido, pues estaba en una nueva relación.

En octubre de 2012, más de seis meses después de su asesinato, el fiscal general del estado anunció el arresto de un sospechoso que había confesado estar en la casa cuando Martínez fue asesinada. Jorge Antonio Hernández Silva, alias "El Silva", era un drogadicto portador del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y un criminal de bajo nivel que había vivido en las calles desde que era adolescente.

En esta versión, el supuesto novio —y presunto asesino— de Martínez era un hombre llamado José Adrián Hernández Domínguez, un trabajador sexual y criminal callejero. "El Silva" dijo que Hernández, alias "El Jarocho", conoció a Martínez en un bar e iniciaron un romance. Los dos se fueron a casa de ella aquella noche para beber cerveza y luego la robó.

Había problemas con la historia. Según la autopsia, Martínez no había consumido alcohol; sólo café. No había ninguna mordida en su cuello, sino un moretón grande y una quijada fracturada, probablemente a causa de nudilleras. Si el motivo fue robo, su bolsa había quedado intacta, incluida su cartera con tres tarjetas de crédito. Equipo electrónico también fue abandonado, incluyendo una Apple iBook. Lo que faltaba era su laptop, dos celulares y toda la información que éstos contenían.

Nada de la evidencia forense, ni las muestras de sangre o el ADN recolectado bajo las uñas de Martínez, coincidían con "El Silva". Las huellas digitales de "El Jarocho" no estaban disponibles para encontrar coincidencias, aunque habían estado en el sistema penal.

Sin embargo, el mayor problema en el caso Martínez provino del mismo sospechoso encarcelado. Una vez que "El Silva" estuvo frente un juez dijo que había sido secuestrado por hombres que creía eran miembros de la Agencia Veracruzana de Investigaciones, que había estado en custodia por más de una semana y había sido torturado y amenazado para confesar el crimen.

Aun así, cumple una condena de 38 años como cómplice del crimen. "El Jarocho" permanece libre. El fiscal del estado, Luis Ángel Bravo, (quien renunció esta semana) dijo que el caso está cerrado.

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Si los investigadores hubieran revisado el trabajo de Martínez habrían encontrado que en meses recientes había dicho al menos a dos personas, incluido su editor en Proceso, que estaba trabajando en algo que tenía que ver con el exgobernador Herrera y corrupción.

Además había estado examinando el número de cadáveres sin reclamar que había sido enterrados en una fosa común del cementerio municipal de Xalapa y cómo muchos habían muerto por heridas de bala para ver si el gobierno estaba usando tumbas anónimas para esconder a las víctimas de la creciente violencia relacionada con las drogas.

Es posible que Martínez hubiera sido asesinada sin ninguna razón en particular. Quizá alguien sólo quería mandar un mensaje, dijeron algunos de sus colegas.

"Yo siento que fue planeado: 'vamos a matar a esa mujer para dar un escarmiento a los demás', y lo que provocó fue eso", dijo Miguel Díaz, fundador del periódico independiente Plumas Libres. "Muchos huyeron del estado... desapareció el periodismo de investigación por muchos años en Veracruz".

Entre aquellos que se fueron: los colegas más cercanos de Martínez, como Soberanes, Hernández y García. Habían formado un círculo de protección para llevar a cabo periodismo crítico, compartir información y publicar historias sensibles al mismo tiempo, para que ninguna persona estuviera expuesta. Sólo uno ha regresado.

Como secuela, la corrupción ha prosperado. En octubre, después de seis años en el gobierno y una serie de escándalos, Duarte pidió licencia y desapareció. Perseguido por cargos de crimen organizado y lavado de dinero, dejó detrás un estado atormentado por la violencia y ausencia de la ley. El gobierno ha ofrecido una recompensa de 15 millones de pesos mexicanos (unos 730.000 dólares) por su captura.

Cada 28 de abril, los colegas de Martínez conmemoran su muerte en la plaza central de Xalapa, la Plaza Lerdo, exigiendo justicia. Un grupo de activistas ha tratado de lograr que la plaza sea renombrada en su honor, instalando una placa que dice "Plaza Regina Martínez."

Cada año, es rápidamente retirada por las autoridades.

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El trabajo periodístico para este artículo fue financiado por la Fundación Alicia Patterson.

Fuente: Associated Press

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