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México: claves sobre reporte de expertos del caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MEXICO (AP) — A 19 meses de la desaparición de 43 estudiantes en el sur de México a manos de policías vinculados con el crimen organizado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluye su trabajo de apoyo a la investigación sin saber el destino de los jóvenes, sin confirmar cuál fue el móvil del crimen ni quienes fueron sus máximos responsables.

Su último informe sí deja, sin embargo, algunas claves importantes:

1. CRÍTICAS Y PROBLEMAS CON LA VERSIÓN OFICIAL

La versión oficial de que entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 los 43 estudiantes fueron asesinados y quemados en el basurero de la municipalidad de Cocula y sus restos metidos en bolsas y tirados a un río, fue sustentada con testimonios de personas con "serios indicios de tortura" y con elementos que —a juicio del grupo de expertos— no tienen sustento científico, se modificaron a lo largo del proceso sin justificación y no serían aceptables en una investigación bajo estándares internacionales.

Al menos 17 detenidos habrían sido torturados, según análisis de reportes médicos hechos por las propias autoridades mexicanas. Entre ellos están los cinco presuntos sicarios que confesaron ser los autores materiales de la muerte y quema de los 43.

De confirmarse estas denuncias, podría desacreditarse toda esa parte de la investigación porque, según las convenciones internacionales, toda confesión obtenida bajo tortura es nula. El propio gobierno de México, esta misma semana, en boca del subprocurador de Derechos Humanos, Roberto Campa, dijo que una investigación basada en la tortura "carece de valor jurídico" y "no garantiza llegar a la verdad".

Para los expertos, no hay ninguna evidencia científica que sostenga la versión del basurero, salvo los testimonios de los torturados. Además, para ellos es "claro" que hubo un "rechazo latente a versiones distintas" y creen "que se hicieron diversos intentos de regresar a dicho escenario" sin investigar otras hipótesis.

De hecho, el grupo consideró preocupante que el jefe investigador de la fiscalía, Tomás Zerón, modificara la versión oficial "sin ningún sustento en el expediente": cuando los expertos afirmaron que fue imposible quemar a 43 en ese lugar, el funcionario dijo que habrían sido incinerados sólo una parte de los estudiantes.

Ahora, nuevos elementos vuelven a cuestionar la llamada "verdad histórica" ofrecida por el ex procurador general, Jesús Murillo Karam, como un mensaje de celular de un estudiante enviado una hora después de cuando habrían sido asesinados, o los indicios de que al menos parte de los jóvenes —entre ellos el del hueso identificado en el río— pudieron ser llevados en dirección contraria al basurero.

2. ATAQUE MÁS COORDINADO Y DE MAYOR ENVERGADURA

Si en el primer informe los expertos ya hablaban de un ataque coordinado en al menos nueve puntos, el nuevo reporte constata que la planificación fue todavía mayor: se extendió por 80 kilómetros, incluida la localidad de Huitzuco, cuya policía también participó en los hechos.

Esta área se llenó de retenes, tanto de policías como de miembros del crimen organizado, lo que "muestra un modus operandi coordinado para evitar la huida de los autobuses", según los expertos.

A su juicio, una mayor coordinación implica un nivel de comando mayor. Los dos detenidos de mayor rango hasta ahora son el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y un jefe del cártel de los Guerreros Unidos en esa localidad, Gildardo López Astudillo.

3. MÁS DUDAS SOBRE EL PAPEL DEL EJÉRCITO Y LA POLICÍA FEDERAL

Hay numerosas constancias de que la Policía Federal y el ejército estuvieron enterados en tiempo real de lo que pasaba en Iguala, pero este nuevo informe cuestiona duramente la actuación de los federales que "omiten, desfiguran o mienten" en sus informes, dijo la abogada colombiana Angela Buitrago.

El documento constata que la Policía Federal se encargó de organizar retenes y desvíos carreteros que esquivaban la escena de al menos un ataque. También, que bajaron a otros jóvenes del llamado quinto bus y escoltaron ese vehículo hasta la salida de la ciudad. Ese autobús pudo haber estado involucrado en el negocio del tráfico de heroína entre Iguala y Chicago y ser tomado por error por los estudiantes.

Además, según los expertos, un federal mantuvo comunicación constante con Felipe Flores Velázquez, el jefe de la policía de Iguala, todavía prófugo, desde diferentes escenarios de los ataques y en momentos distintos.

En el caso de los militares, los expertos denuncian que hubo variaciones en sus declaraciones, algunas posteriores a su primer informe, y que parecen ajustarse a las evidencias que ellos mostraron. También cuestionan la existencia de un camión militar que patrullaba por donde escaparon algunos normalistas y del que no se tiene noticia o por qué el ejército pidió al hospital las grabaciones de sus cámaras.

Ni la Policía Federal ni los militares hacen referencia en sus declaraciones a ese quinto bus que los expertos pidieron desde el año pasado investigar.

4. OBSTRUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN Y EL MÓVIL SIN INVESTIGAR

Los expertos denuncian la falta de voluntad para investigar a altos funcionarios, a miembros del ejército, o a actores clave a los que todavía no se ha interrogado, así como la dispersión del caso en expedientes distintos. También constatan la falta completa de investigación la noche de los hechos o la mala o nula consignación de pruebas y evidencias —algunas, como grabaciones de video, han desaparecido_, errores que han podido contaminar todo el caso.

Hablan de la utilización de "formalismos legales" para obstruir y demorar la entrega de información, que se agilizó una semana antes de presentar su informe, y de no investigar la hipótesis de que el tráfico de heroína en autobuses de Iguala a Estados Unidos como móvil de los crímenes aunque ello, por lo cuantioso de ese negocio, podría explicar la magnitud del ataque.

Los expertos insisten en que no hay pruebas que indiquen que entre los alumnos hubiera narcotraficantes infiltrados, como la investigación oficial sugirió en un primer momento a partir de testimonios, y que está comprobado que todas las fuerzas de seguridad sabían que se trataba de estudiantes.

"Existen ciertos sectores que no están interesados en la verdad", indica el documento, aunque no especifica.

Por su parte, la fiscalía sostiene que es la investigación "más exhaustiva" hecha en México con los máximos estándares en materia de justicia, transparencia y derechos humanos e insiste en que el caso sigue abierto y se investigará hasta el final.

5. REVICTIMIZACIÓN Y MALTRATO A LAS VÍCTIMAS

El informe evidencia que los supervivientes fueron tratados mal por la Policía Federal y el ejército, que no les resguardó ni quiso colaborar en el traslado de heridos graves.

En total hubo 180 víctimas, incluidos seis asesinados, y 700 familiares directos afectados a los que no se dio un apoyo correcto.

Hubo familias que fueron revictimizadas, como la de Julio César Mondragón, un estudiante torturado brutalmente y desollado. Para conseguir su ADN y cerrar la segunda autopsia una vez exhumado el cadáver, hubo que hacer 44 reuniones y 22 procesos legales en 7 localidades durante 3 meses, con un costo de más de 177.000 pesos (poco más de 10.000 dólares) para la familia, denuncian los expertos.

FUENTE: Associated Press

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