Mundo 14 mayo 2016

México: Absuelven a últimos 3 militares ligados a masacre

CIUDAD DE MEXICO (AP) — Un tribunal civil absolvió y ordenó la liberación de los últimos tres militares acusados de la muerte de una veintena de presuntos delincuentes en 2014, en una fallo que podría cerrar un caso visto por organizaciones de derechos humanos como una muestra de los abusos que cometen algunos miembros de las fuerzas armadas de México.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó minutos después de las 11 de la noche del viernes que un tribunal le notificó de la absolución de tres soldados de los delitos de homicidio, encubrimiento y alteración de evidencias, por considerar que no presentó las pruebas suficientes en su contra.

El 30 de junio de 2014, el ejército informó de la muerte de 22 presuntos delincuentes en un supuesto enfrentamiento en una bodega de Tlatlaya, municipio del Estado de México.

Sólo un soldado resultó herido y tres mujeres sobrevivieron, aunque a raíz de una investigación de The Associated Press surgieron contradicciones sobre esa versión y tras investigaciones propias, tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como la PGR señalaron que hubo algunas ejecuciones extrajudiciales.

El abogado Juan Velázquez, asesor de la defensa de los militares, dijo el sábado a la AP que otros cuatro soldados ya habían sido liberados tras ser absueltos por otro juez, por lo cual con esta última resolución no habrá ningún otro elemento castrense en prisión por el caso.

La determinación del tribunal fue criticada por organizaciones de derechos humanos, que consideran que todo apunta hacia que el caso quedará impune.

Las autoridades ya no pueden apelar el fallo del tribunal, pero los familiares de los fallecidos aún pueden interponer un juicio de amparo contra la resolución que exoneró a los militares, aseguró Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), una organización que acompaña a una sobreviviente.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló en un reporte que al menos 12 y hasta 15 de los 22 presuntos delincuentes habrían sido ejecutados extrajudicialmente. La Procuraduría, sin embargo, concluyó que sólo ocho fueron asesinados luego de haberse rendido.

Dos de las tres sobrevivientes contaron a la AP meses después de los hechos que varios de los sospechosos fueron asesinados después de que se rindieron y que hubo intentos de autoridades civiles y militares de encubrir lo que pasó. Una de ellas dijo que agentes de la Procuraduría del Estado de México la torturaron y algunos de ellos se encuentran actualmente bajo proceso.

"Esto confirma lo que habíamos advertido, en el sentido de que uno de los casos más graves de violaciones de derechos humanos recientes se encaminaba a quedar impune", dijo Aguirre, del Centro Prodh, que representa a Clara Gómez, una de las tres sobrevivientes y madre de una adolescente que estaba entre las 22 víctimas.

Aguirre dijo que Gómez está "muy molesta" y "atemorizada". Gómez fue una de las mujeres que habló con AP, pero en aquel momento pidió no ser identificada por temor a sufrir represalias. A mediados de 2015 se presentó en una rueda de prensa e hizo pública su identidad.

"Teme que pueda recibir represalias del ejército o de los propios militares juzgados", dijo el subdirector del Centro Prodh sobre Gómez, quien es permanentemente escoltada por agentes como parte de medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Aunque Gómez dijo que su hija también fue asesinada extrajudicialmente, la adolescente no es una de las ocho personas que la Procuraduría concluyó murieron después de rendirse, por lo cual la señora no es considerada víctima directa y no podría interponer un juicio de amparo contra la absolución de los militares, dijo Aguirre.

No había sido posible contactar con los otros familiares para ver si piensan interponer ese juicio de amparo.

Inicialmente ocho soldados fueron detenidos, aunque uno fue liberado prácticamente de inmediato por considerar que no había pruebas en su contra. A los siete restantes les iniciaron procesos en el fuero militar y civil, aunque sólo tres fueron acusados de homicidio.

Velázquez, el asesor legal de los militares, siempre ha sostenido que los militares no participaron en ninguna ejecución y que todo fue parte de una campaña de desprestigio al ejército. "Toda esa historia de la ejecución de Tlatlaya fue un invento", afirmó.

La PGR aseguró que ofreció "los elementos de prueba suficientes para procesar a los tres elementos militares", aunque el tribunal consideró lo contrario y ordenó su liberación.

Un tribunal militar ya había absuelto a seis de los siete soldados de cargos contra la disciplina en la justicia castrense. Uno más había sido condenado a un año de prisión, tiempo que ya cumplió.

Una comisión gubernamental de atención a víctimas anunció el año pasado que daría cerca de 3,3 millones de dólares en conjunto a los familiares de los asesinados.

"Dada la evidencia bien documentada de que los soldados ejecutaron a civiles en Tlatlaya, el hecho de que nadie sea responsable por esos crímenes apunta a la misma clase de incompetencia o incluso de encubrimiento por autoridades, como ha sido revelado en el caso Ayotzinapa", señaló a la AP José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch.

Expertos internacionales que investigaron la desaparición de 43 estudiantes en México, conocido como el caso Ayotzinapa por el nombre de la escuela en la que estudiaban, concluyeron recientemente que sus labores fueron obstaculizadas por autoridades, incluidas de la PGR.

Fuente: Associated Press

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