En la resolución emitida el jueves, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema también delegó al magistrado Ramón Iván García para llevar el caso y quien deberá exigir certificaciones de los documentos pertinentes, revisar los archivos e incautar la documentación relacionada.
La Corte Suprema había ordenado a la presidencia que entregara los registros de los viajes de Funes y la primera dama durante su mandato (2009-2014), la información concerniente a las actividades protocolares de alimentación, transporte y estadía de funcionarios internacionales que visitaron El Salvador en el mismo período y los gastos de publicidad para 2010 y sus prórrogas.
La Corte confirmó recibió un escrito de la presidencia en el que se detalló que "esta información no ha sido localizada en los archivos administrativos de casa presidencial, por lo que desde el 2 de marzo de 2016 se presentó un aviso a la Fiscalía General de la República para que investigue".
Según la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la presidencia, en los archivos no hay respaldos administrativos de los viajes de presidentes desde el gobierno de Alfredo Cristiani que gobernó de 1989 a 1994 hasta Mauricio Funes de 2009 a 20014.
Funes también está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito con relación a las declaraciones patrimoniales presentadas a la Sección de Probidad de la Corte Suprema.