Mundo 17 marzo 2016

Incertidumbre por nombramiento de Lula como jefe de gabinete

RIO DE JANEIRO (AP) — La incertidumbre nubla el ya turbulento escenario político brasileño cuando el jueves un juez emitió una orden de suspensión del nombramiento de Luiz Inácio Lula da Silva como nuevo jefe de gabinete de su sucesora, la presidenta Dilma Rousseff.

Los detractores de Rousseff la acusan de haber orquestado una maniobra que tiene el propósito de evitar una posible detención de Lula da Silva, quien menos de dos semanas atrás fue arrestado y conducido para que declarara en una investigación por corrupción en la petrolera estatal Petrobras.

Sólo la Corte Suprema brasileña puede autorizar que un miembro del gabinete, como lo es ahora Lula da Silva, responda a acusaciones en un proceso penal.

Rousseff ha dicho que el nombramiento de Lula da Silva no tiene nada que ver con los problemas legales que afronta el otrora popular ex mandatario y dijo que él la ayudará a encarrilar la economía del país y será punta de lanza de la lucha para evitar un juicio político en su contra por irregularidades en el manejo de fondos fiscales.

El juicio político, no obstante, dio un paso más el jueves cuando la Cámara de Representantes brasileña dio vía libre para la creación de una comisión especial que adelantará el proceso.

La rabia que generó el nombramiento de Lula dio lugar a masivas protestas en Sao Paulo y la capital Brasilia, donde unos tres millones de manifestantes, con muñecos inflables del ex mandatario, vestido como presidiario, bloquearon las calles principales. Para el viernes se programó una manifestación a favor de Lula pero no era definitivo si el ex mandatario asistiría.

Rousseff pasó a la ofensiva en la ceremonia de juramentación del jueves al tildar a quienes quieren su renuncia de "golpistas" y acusar al juez Sergio Moro, que dirige la investigación de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, de violar la constitución y actuar en favor de la oposición.

"Sacudir la sociedad brasileña por medio de mentiras, maniobras furtivas y prácticas muy criticadas viola las garantías constitucionales y sienta precedentes muy graves", dijo Rousseff. "Así comienzan los golpes" de estado, agregó.

La orden proferida por un juez federal en Brasilia, que suspendió el nombramiento de Lula, no tomó por sorpresa a los brasileños que están acostumbrados al uso de estas tácticas para retrasar o interrumpir designaciones o decisiones políticas.

En la práctica, la efectividad de la medida es objeto de debate. Algunos abogados consultados insisten en que Lula ya es el jefe de gabinete y disfruta de los beneficios legales que le concede esa posición, mientras que otros argumentaban que había que esperar a que la medida cautelar sa dejada en firme o revocada por una instancia judicial superior.

Gustavo Binenbojm, profesor de derecho en la Universidad Estatal de Río de Janeiro, insistió en que la medida cautelar es "válida hasta que sea revocada", lo que significa que Lula da Silva aún no es un ministro del gabinete.

"El gobierno no puede ignorar eso", dijo Binenbojm. "El gobierno puede tratar de revocarla, lo que no le representaría mucho problema".

Por otro lado, el abogado Joaquim Pedro Rodrigues, radicado en Brasilia, dijo que si la juramentación ya tuvo lugar, la suspensión no entraría en vigor hasta que haya una decisión final al respecto. También cree que aunque Lula da Silva no será capaz de ejercer las funciones de su cargo hasta tanto se resuelva la apelación a la suspensión, pero que si disfruta de los beneficios legales que conlleva su cargo (que la Corte Suprema sea la instancia que tenga que autorizar la investigación en su contra).

El Procurador General José Eduardo Cardozo, aliado cercano a Rousseff, dijo que detrás la orden de suspensión había "motivaciones políticas" y la calificó de "absolutamente inapropiada".

"La situación es absurda", dijo Cardozo en rueda de prensa y añadió que el gobierno apeló la medida. También atacó al juez que emitió la orden al citar unas fotos publicadas en Facebook que lo que muestran participando en una manifestación en contra del gobierno.

Tanto Rousseff como Silva han negado reiteradamente haber cometido delito alguno mientras que el gigante sudamericano, un país de 200 millones de habitantes, enfrenta varias crisis en diversos frentes.

La investigación ha implicado a decenas de figuras públicas de todo el espectro político brasileño y a destacados empresarios. Es una de varias crisis que afectan al país cinco meses antes de que se celebren los Juegos Olímpicos de Río, y que se suman a una creciente y profunda recesión y a un poderoso brote del virus del zika.

En la ceremonia de juramentación reinó un clima de campaña política, con una multitud que prorrumpió en consignas a favor del gobierno.

En un discurso combativo, Rousseff dijo que contaba con Lula da Silva, su "gran amigo, gran compañero", para que la ayudara a sacar al país de las dificultades económicas y políticas que padece. Juró que "el griterío de los golpistas no me desviarán de mi rumbo, ni pondrán a nuestro pueblo a ponerse de rodillas".

La presidenta, cuyo índice de aprobación ha caído a menos del 10%, enfrenta un posible juicio político en el Congreso y pedidos en las calles de que renuncie.

Rousseff fustigó la inesperada difusión el miércoles de unas grabaciones de unas conversaciones telefónicas entre Lula da Silva y varias figuras prominentes, incluida la propia presidenta. Sergio Moro, el juez que encabeza la investigación en Petrobras, las dio a conocer horas después del anuncio del nombramiento de Silva y sostuvo que las escuchas parecen insinuar que hubo intentos para influenciar a las autoridades judiciales a favor del expresidente.

La presidenta calificó las grabaciones de ilegales y su difusión de "claro intento de sobrepasar los límites del estado democrático".

Moro comparó la situación política brasileña con una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que fue un hito en el escándalo del Watergate, que derrocó al presidente Richard Nixon.

"Ni siquiera la más alta autoridad de la república tiene el privilegio absoluto de la confidencialidad de sus comunicaciones", dijo Moro, y agregó que la decisión en el caso de Nixon, que data de 1974 y que autorizó la publicación de sus conversaciones, era "un ejemplo a seguir".

Sonia Fleury, profesora de ciencias políticas de la Fundación Getulio Vargas, una de las mejores universidades de Brasil, dijo que la revelación de las conversaciones había "politizado y empeorado la turbulencia que rodea a la investigación" en un aparente intento por evitar que Lula da Silva asumiera la jefatura de gabinete. Dijo que el contenido de las grabaciones no implican a Rousseff o a su gobierno.

El jueves Eduardo Cunha, presidente de la Cámara baja y enemigo de Rousseff, conformó el comité que decidirá si se debe seguir adelante con el juicio político contra la mandataria. La decisión fue celebrada en la plenaria de la Cámara de Representantes por opositores que sostenían pancartas que decían "juicio político ahora", mientras que aliados de Rousseff coreaban "no habrá un golpe de estado".

Este es el primer paso en un largo proceso que incluye múltiples votaciones en la Cámara de Representantes y el Senado. Analistas consultados dicen que, de seguir adelante, el proceso podría llevar meses.

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El corresponsal de The Associated Press, Stan Lehman, contribuyó a este despacho desde Sao Paulo.

Fuente: Associated Press

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