Mundo 22 julio 2016

Iglesia elogia derogación de ley de amnistía en El Salvador

SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — La Conferencia Episcopal de El Salvador se congratuló el viernes por la derogación de la ley de amnistía general para la consolidación de la paz de 1993, porque considera que abre la posibilidad de la reconciliación al superar la impunidad.

Pese a que la institución eclesiástica sufrió crímenes de lesa humanidad, no pide cárcel para los asesinos, sino que solo quiere que se conozca la verdad y se pida perdón para perdonar a quien corresponda.

"Consideramos que la derogación de la amnistía de 1993 es una valiosa oportunidad para que la sociedad salvadoreña se reconcilie y forje la auténtica paz social", expresan todos los obispos de El Salvador en un comunicado oficial.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia derogó la ley de amnistía general de 1993, lo que automáticamente dio validez a la anterior amnistía conocida como ley de reconciliación nacional de El Salvador, emitida el 23 de enero de 1992.

Los obispos sostienen que "la diferencia fundamental entre ambas leyes es: que la amnistía de 1992 estipula la necesidad de juzgar los crímenes inhumanos que fueron consignados en el informe de la Comisión de la Verdad; mientras que la amnistía de 1993 impidió la justicia en todos los casos, de forma absoluta, irrestricta e incondicional".

Dicen que tras casi 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a 12 años de guerra civil se abre la posibilidad de consolidar la reconciliación de la sociedad salvadoreña, "superando la impunidad como fue el compromiso de dichos acuerdos".

Los obispos piden a los salvadoreños enfrentar esta situación con madurez y serenidad, y les recuerdan que como Iglesia "nosotros también somos víctimas, pues hemos sufrido crímenes de lesa humanidad, pero no pedimos cárcel para nadie, solamente pedimos que se conozca la verdad y se pida perdón, para inmediatamente ofrecerle nuestro perdón a quien corresponda".

Aseguran que esta es una gran oportunidad para que la sociedad salvadoreña "sane sus profundas heridas", pero afirman que para ellos es necesaria "la justicia restaurativa en favor de las víctimas, que se les escuche, que se les respeten sus derechos, que se les dignifique, que se les pida perdón y que se les repare".

Sacerdotes, monjas, religiosos y hasta un arzobispo forman parte de una larga lista de hombres y mujeres de la Iglesia católica que fueron asesinados durante el conflicto bélico y cuya muerte quedó impune.

Monseñor Oscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, fue asesinado mientras oficiaba misa el 24 de marzo de 1980 cuando un desconocido le disparó al corazón desde un vehículo estacionado frente a la entrada principal de una capilla de un hospital para enfermos de cáncer.

El informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, creada poco después de los acuerdos de paz, determinó que el autor intelectual del crimen fue el mayor Roberto d'Aubuisson, fundador del partido derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) que gobernó el país durante 20 años (1989-2009). Nadie fue llevado ante la justicia por el magnicidio.

Los sacerdotes jesuitas españoles Segundo Montes, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Armando López, Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López fueron ejecutados en noviembre de 1989 con disparos en la cabeza tras ser puestos de rodillas en el jardín de la casa en la que vivían dentro del campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Sus dos colaboradoras, Elba Julia Ramos y su hija Celina Ramos, también fueron asesinadas por los militares.

La matanza fue perpetrada por un comando de élite del batallón Atlacatl, entrenado por Estados Unidos. Al principio el gobierno salvadoreño intentó culpar a la guerrilla, pero pocas horas después quedó al descubierto que los autores fueron los militares.

Un coronel, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados del batallón Atlacatl fueron procesados por la matanza, pero en 1991 un jurado absolvió a la mayoría de los acusados. El coronel Guillermo Alfredo Benavides y el teniente Yusshy Mendoza fueron declarados culpables, pero en 1993 resultaron beneficiados por la amnistía promovida por el presidente Alfredo Cristiani del partido Arena (1989-1994).

Fuente: Associated Press

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