Mundo 11 mayo 2016

Guatemala retira inmunidad a magistrado

GUATEMALA (AP) — El Congreso de Guatemala retiró el martes la inmunidad al magistrado Douglas Charchal de la Corte Suprema, acusado de haber recibido un soborno a cambio de resolver un recurso judicial en favor de una empresa portuaria.

En un principio, los legisladores votaron para retirarle la inmunidad al magistrado y se obtuvieron 136 sufragios a favor y 22 ausencias de los 158 diputados que hay en el Congreso. Posteriormente, el acuerdo que oficializó la medida fue aprobado con 139 votos a favor y 19 ausencias, según indicó el diputado Leonel Lira a The Associated Press. Ahora Charcal ya puede ser investigado.

La fiscalía y la Comisión contra la Impunidad en Guatemala denunciaron en abril que la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) fue favorecida por una decisión de Charchal para que la entidad no pagara una millonaria licencia de construcción, y a cambio la compañía le entregó una camioneta Range Rover nueva y blindada.

La Comisión informó a través de un boletín de prensa que el juez Miguel Ángel Gálvez, que conoce del caso, ha ordenado el arraigo contra Charchal para evitar que abandone el país.

Es una "medida precautoria para garantizar su presencia en el país", dijo la Comisión agregando que Charchal es sindicado del delito de tráfico de influencias.

El magistrado dice ser inocente y ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia un permiso para ausentarse de sus labores como juez.

Por otro lado, la fiscalía guatemalteca confirmó a través de su vocera Julia Barrera que ha solicitado retirarle la inmunidad al magistrado Vladimir Aguilar, también del máximo tribunal, por presuntamente incurrir en el delito de tráfico de influencias, concusión y resoluciones que violan la Constitución.

"Al magistrado Aguilar Guerra se le señala de sostener una serie de diálogos y encuentros con personas del Gobierno de entonces, de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y de TCQ, con el fin de que en su calidad de abogado del Estado mantuviera una opinión favorable a la legalidad del contrato", dijo la Comisión.

La comisión y la fiscalía investigaron una organización criminal y acusan al ex presidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti de dirigirla. Según las autoridades, la trama recibió sobornos por 30 millones de dólares de la empresa TCQ a cambio de la adjudicación del contrato de la empresa portuaria.

La pesquisa indica que, para que el contrato se asignara, fue necesaria la participación de varias instituciones con el fin de despejar el camino, entre ellas la Procuraduría General de la Nación, que en ese momento estaba dirigida por Aguilar.

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Este despacho ha sido corregido para indicar que hubo una votación inicial de 136-22, y un acuerdo que oficializó la medida aprobado por 139 votos y 19 ausencias

Fuente: Associated Press

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