Mundo 28 abril 2016

Guatemala: Piden declarar nulidad de contrato por corrupción

GUATEMALA (AP) — El gobierno guatemalteco dio su visto bueno para que se inicie el trámite de nulidad de un contrato que está vinculado a una investigación de la fiscalía por supuesto pago de sobornos al expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, anunciaron el jueves las autoridades.

Se trata del contrato entre la Empresa Portuaria de Guatemala y la compañía Terminal de Contenedores Quetzal, TCQ, subsidiaria del Grupo TCB —un operador español de terminales de contenedores y servicios especializados de ingeniería y consultoría marítima para carga_, con el fin de que se construyera una terminal portuaria en el Puerto Quetzal en el Pacífico guatemalteco, en usufructo por 25 años y valorada en 255 millones de dólares.

Una investigación realizada por la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala asegura que la estructura habría estado liderada por Pérez Molina y Baldetti, e integrada por funcionarios, empresarios y particulares, y que éstos habrían negociado el pago de 30 millones de dólares como comisión o soborno por la adjudicación del contrato.

Según la fiscalía, a Pérez Molina y Baldetti les habrían entregado 8,4 millones de dólares por dicho contrato, y con los sobornos ellos habrían adquirido casas, lanchas, helicópteros y vehículos, entre otras cosas.

Heiz Heimann, vocero del presidente Jimmy Morales, dijo en conferencia de prensa que se giraron instrucciones a la procuradora general de la Nación con el fin de que inicie los trámites para declarar lesivo dicho contrato.

"Se están analizando las implicaciones y consecuencias... lo más importante es que no se afecten los intereses y derechos del estado", dijo Heimann. El vocero agregó que será un juez competente "quien decidirá si procede o no dicha nulidad".

Doce personas están vinculadas al caso y se encuentran en prisión, entre ellas Pérez Molina y Baldetti, así como el español Juan José Suárez, gerente de TCQ.

Según la comisión, un órgano de las Naciones Unidas que investiga grupos clandestinos y de seguridad incrustados en el estado guatemalteco, los acusados son señalados de los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho activo y pasivo, enriquecimiento ilícito y fraude.

El juez Miguel Ángel Gálvez realiza una declaración desde hace cinco días para determinar la situación jurídica de los acusados.

Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Baldetti y su mano derecha, colabora con la fiscalía y fue quien informó sobre este y otros negocios de los ex funcionarios.

En su declaración el jueves ante el juez, Pérez Molina negó su participación en los hechos.

"Él (Monzón) es responsable de que TCQ haya estado funcionando; él es prácticamente el responsable de haberlo hecho todo", dijo el expresidente, y agregó que no instruyó a Monzón para que negociara comisiones. "Yo no recibí ningún centavo a cambio de eso", dijo.

Fuente: Associated Press

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