Se trata de dirigentes que se oponen a la instalación de la hidroeléctrica Hidro Santa Cruz, ubicada en el departamento de Huehuetenango al noroeste del país, a quienes la fiscalía acusa de haber secuestrado en 2013 a 10 trabajadores de la hidroeléctrica así como en 2015 haber participado en la destrucción de las instalaciones de un centro de justicia y coaccionar a un juez para liberar a otros comunitarios detenidos.
Según la fiscalía, Mynor López, Francisco Juan Pedro, Arturo Pablo Juan y Sotero Adalberto Villatoro Hernández, habrían incitado a un grupo de personas para que secuestraran en 2013 a 10 trabajadores de la Hidroeléctrica cuando estos iban a laborar y los habrían obligado a firmar un documento donde se comprometían a no trabajar más en la hidroeléctrica. "Juan Pedro" y "Pablo Juan" son apellidos legalizados en Guatemala.
La fiscalía también acusa a Bernardo Ermitaño López Reyes de haber organizado a la comunidad en 2014 para evitar que se llevaran a prisión a López, Juan Pedro, Pablo Juan y Villatoro Hernández. También acusa a Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltasar de coaccionar al juez para dejar en libertad a dos campesinos acusados de asesinato.
El abogado defensor Benito Morales dijo que las acusaciones de la fiscalía obedecen a la persecución política de los líderes comunitarios por su oposición a la instalación de la hidroeléctrica en sus territorios y en detrimento de su tierra.
"Sus detenciones son arbitrarias, exigimos que se haga justicia", dijo Morales que argumentó que los acusados llevan varios meses de estar en prisión.
La audiencia inició sin la presencia de los acusados debido a que el Sistema Penitenciario los trasladó tardíamente a la audiencia. Los familiares y activistas de derechos humanos consideran a los detenidos como presos políticos.
La zona de Huehuetenango, departamento fronterizo con México, ha sido blanco de enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y campesinos que se oponen a los megaproyectos en sus comunidades.
FUENTE: Associated Press