Mundo 14 julio 2016

Fallo contra amnistía en El Salvador abre puerta a justicia

SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — La derogación de la ley de amnistía de los crímenes de la guerra civil de El Salvador ha sacudido a la pequeña nación centroamericana: mientras algunos ven un riesgo al abrir viejas heridas otros esperan que sirva para finalmente castigar las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares y guerrilleros.

La resolución de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional la ley de 1993, abre la posibilidad de que se inicien procesos penales contra los altos mandos de las fuerzas armadas que participaron en el conflicto armado y contra miembros de la ex comandancia del guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), actualmente en el poder.

El mismo presidente Salvador Sánchez Cerén podría ser denunciado por formar parte de la comandancia general del FMLN durante la guerra de 1980 a 1992, según las primeras interpretaciones que expertos han hecho de la resolución.

Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Corte Suprema resolvió el miércoles que la ley de amnistía general viola la constitución y varios tratados internacionales al impedir el derecho de acceso a la justicia a las víctimas. El fallo también señaló que la responsabilidad penal no sólo recae en los autores materiales sino en los jefes de las estructuras militares, guerrilleras y paramilitares que dieron las órdenes.

Por más de 23 años, familiares de las víctimas han tocado todas las puertas buscando que se haga justicia pero siempre se toparon con la ley de amnistía general impulsada por el entonces presidente Alfredo Cristiani (1989-1994) y promulgada poco después de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas que responsabilizó a los altos mandos militares de crímenes de guerra, entre ellos el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en noviembre de 1989.

"Hoy es un día histórico para los derechos humanos en El Salvador", dijo el jueves Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. "Al darle la espalda a una ley que no ha hecho más que dejar que criminales hayan escapado a la justicia por décadas tras cometer serias violaciones a los derechos humanos, el país está finalmente enfrentando su trágico pasado".

La Comisión de la Verdad señaló que más de 75.000 personas fueron torturadas, ejecutadas extrajudicialmente y desaparecidas durante la guerra. El informe estimó que agentes del estado, grupos paramilitares y escuadrones de la muerte fueron los responsables de 90% de los crímenes, 3,3% la guerrilla y el resto hombres armados no identificados.

La Corte estableció que conforme al derecho internacional los crímenes de lesa humanidad no prescriben y ninguna ley o medida promulgada en el país podrá impedir la investigación y la aplicación de la justicia.

Tras la promulgación de la ley de amnistía muchos crímenes nunca fueron investigados. Tal fue el caso del asesinato en 1980 del arzobispo Oscar Arnulfo Romero, cuya muerte fue uno de los detonantes de la guerra civil. La Comisión de la Verdad determinó que el autor intelectual del homicidio fue el mayor Roberto D'Abuisson, fundador del partido derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que gobernó el país durante 20 años hasta 2009.

Otras investigaciones simplemente fueron bloqueadas al amparo de la ley de amnistía, por ejemplo los asesinatos de cinco sacerdotes españoles y un salvadoreño y sus dos empleadas en 1989. Un coronel, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados de un batallón élite Atlacatl entrenado en Estados Unidos fueron procesados por la matanza, pero en 1991 un jurado absolvió a siete de los acusados.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a El Salvador por la matanza en 1981 de un millar de campesinos en la llamada "masacre de El Mozote" y estableció el pago de indemnizaciones para los familiares de las víctimas, aunque dentro del país no se realizó ninguna investigación. La Comisión de la Verdad había responsabilizado de la matanza al batallón Atlacatl.

Ulises del Dios Guzmán, ex magistrado de la Sala de Constitucional del máximo tribunal, dijo a la televisión local que el fallo "abre un espectro de posibilidades que puede ser realmente grave para el país" y que podría alcanzar al propio presidente Sánchez Cerén.

"Esto nos arrastra al pasado y a una situación no armónica que puede causar realmente confrontación y recriminaciones", dijo.

El ministro de Defensa, general David Munguía Payés, calificó la decisión de la Corte de "un error" que podría derivar en "cacería de brujas" y "poner al país de cabeza".

Pero no todos piensan así.

Miguel Montenegro, director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador y quien durante la guerra fue torturado por cuerpos de seguridad que lo acusaron de subversivo, dijo a The Associated Press que el fallo "es una alegría, es un medicamento adecuado para ir cerrado las heridas que siguen abiertas, sangrando. Nos alegra, es una oportunidad de hacer justicia para ir terminando con la impunidad".

En las calles de la capital salvadoreña la división de opiniones también es evidente.

"Yo no entiendo bien esto, pero creo que es justo que metan a la cárcel a todos los asesinos", dijo Roberto Romero Castro.

Para Alfonso Castillo, un vendedor ambulante de paletas, "esto va a traer problemas" y consideró que "deberían dejarlo así" porque "todos van a querer mandar presos a los que mataron a sus familiares".

Fuente: Associated Press

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