Mundo 18 abril 2016

En duda el futuro de Rousseff tras votación

BRASILIA, Brasil (AP) — La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, parecía el lunes estar al borde de perder su cargo luego de una votación en el congreso para someterla a juicio político y debido a que hay señales que apuntan a que tiene poco respaldo en el Senado, que decidirá si se le destituye en medio de la crisis económica y política que atraviesa el país.

La votación de 367-137 en la cámara baja a favor del juicio político envió el tema al Senado, en donde 45 de los 81 senadores han dicho que votarán para que continúe el proceso, según reportes locales.

En caso de que la mayoría de los senadores voten para enjuiciar a Rousseff, sería suspendida, y el vicepresidente Michel Temer tomaría el poder de manera temporal.

Bajo los complicados lineamientos del proceso de juicio político, podría tomar poco más de 10 días antes de que se emita un voto y al menos 40 días antes de que se decida el futuro de Rousseff. Sin embargo, la velocidad del proceso también depende de la voluntad política del líder del Senado, Renán Calheiros, quien podría alargar durante meses un eventual juicio y una votación final.

Durante una conferencia de prensa el lunes, Rousseff dijo que no renunciará.

"Tengo la energía, fuerza y valor para confrontar esta injusticia", afirmó, y acusó a Temer de conspirar en su contra.

La votación en la cámara baja empeoró la confusión respecto al panorama político en Brasil, que también lidia con su peor recesión en décadas y con un gran escándalo de corrupción mientras se prepara a albergar los Juegos Olímpicos en agosto.

La votación de juicio político ha dividido profundamente a los brasileños, y decenas de miles de ellos se manifestaron frente al Congreso y en distintas ciudades del país durante las votaciones.

Muchos brasileños consideran a Rousseff responsable de toda una serie de problemas, desde la devastadora recesión hasta los altos impuestos y malos servicios públicos. Al mismo tiempo, una amplia franja de la población señala que millones de brasileños han salido de la miseria en la última década gracias al Partido de los Trabajadores de la mandataria, y consideran que la votación legislativa es antidemocrática.

"Estoy contenta porque creo que Dilma tenía que irse, pero también estoy triste de que llegáramos a esto y muy preocupada de que el próximo presidente pueda ser aún peor", dijo Patricia Santos, de 52 años, propietaria de un pequeño negocio y que estaba entre unos 60.000 manifestantes a favor y en contra del gobierno congregados ante el Congreso. "Tiemblo de pensar lo que nos espera ahora".

El procedimiento de juicio político contra Rousseff se basa en las acusaciones de que utilizó trucos de contabilidad para apuntalar el débil apoyo que tenía mediante gasto público.

La presidenta alega que anteriores gobiernos recurrieron a las mismas maniobras sin repercusiones. Ella insiste en que las acusaciones son poco más que una débil excusa de la élite gobernante tradicional de Brasil para regresar al poder, pero quitándoselo al Partido de los Trabajadores, de izquierda, que ha gobernado el país durante 13 años.

El abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, dijo tras la votación que Rousseff podría impugnar el juicio político en su contra mediante un recurso que interponga en el Tribunal Supremo Federal, la corte más alta en Brasil.

Sin embargo, los analistas se mostraban escépticos de que la presidenta pueda mantenerse en el poder al destacar el espectacular fracaso de la gobernante para allegarse el apoyo incluso de los partidos que por mucho tiempo han integrado su coalición gobernante.

Los editoriales de los principales diarios en Brasil pusieron de relieve el peligro que representa la inestabilidad política.

El periódico Estado de S. Paulo advirtió sobre "la amenaza de huelgas y protestas diarias". Folha de S. Paulo se pronunció por una solución rápida al problema y agregó que "la crisis dista de haber terminado".

La crisis política se ha prolongado durante meses, y ha obstruido las acciones para hacer frente a la peor recesión del país en décadas. Además tiene lugar en medio de un escándalo de corrupción en marcha centrado en la compañía petrolera estatal Petrobras que ha abarcado a dirigentes políticos y empresariales, aunque no a Rousseff.

La votación del domingo se produjo unos 24 años después de que la cámara baja abriera los procedimientos de impugnación en 1992 contra Fernando Collor de Mello, el primer presidente elegido democráticamente en Brasil tras más de dos décadas de gobierno militar. Collor afrontaba acusaciones de corrupción y terminó renunciando antes de que el proceso de juicio político concluyera en el Senado.

Y aunque las supuestas irregularidades fueron distintas, Rousseff terminó cometiendo los mismos errores políticos que Collor, dijo Luciano Dias, un consultor político con sede en Brasilia.

"Fue arrogante con el Congreso durante mucho tiempo y sus políticas económicas no fueron las correctas", aseguró.

Rousseff, una antigua guerrillera que fue torturada durante la dictadura militar, fue seleccionada a dedo por el carismático expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para sucederle, convirtiéndose en la primera mujer presidenta en Brasil. Rousseff nunca había tenido un cargo de elección popular previo a la presidencia y rápidamente se hizo de una reputación por su quisquilloso liderazgo y su aparente renuencia a participar en juegos políticos.

Pero luego de ocho años de rápido crecimiento bajo el gobierno de Lula, la economía empezó a flaquear después de que Rousseff tomara el mando en 2011, y en 2014 logró la reelección por poco tras protestas generalizadas el año anterior. Su índice de popularidad ha bajado al mismo ritmo que la economía, y los sondeos de opinión indican que la mayoría de los brasileños están a favor de su destitución, aunque muchos parecen tener reservas sobre los que están en la línea de sucesión.

Temer, el vicepresidente, se ha visto implicado en la red de corrupción en la petrolera estatal Petrobras. Además, también podría afrontar su propio juicio político porque firmó algunas de las maniobras fiscales por las que se procesa a Rousseff.

El segundo en la línea de sucesión, el presidente de la cámara de diputados Eduardo Cunha, ha sido acusado de recibir 5 millones de dólares en sobornos.

Los legisladores y otros altos políticos brasileños gozan de protecciones legales especiales que impiden llevarlos a juicio. Casi el 60% de los casi 600 legisladores del país enfrentan acusaciones de corrupción y otros graves cargos.

Con el liderazgo del país manchado por la corrupción, ha ido en aumento el llamado a nuevas elecciones. Un vocero de Rousseff reconoció que su equipo examinaba la posibilidad de convocar a elecciones, un movimiento que no tiene fundamentos constitucionales, aunque aparentemente goza de considerable apoyo popular.

Gerivaldo Oliveira, un taxista de Brasilia, dijo que aplaudiría dicha medida.

"Quiero ver en la cárcel a todos los políticos corruptos", afirmó. "Brasil necesita empezar de cero, de otra forma estamos perdidos".

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La videoperiodista de The Associated Press, Renata Brito en Brasilia y el periodista Mauricio Savarese en Río de Janeiro colaboraron a este despacho.

Fuente: Associated Press

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