Mundo 21 julio 2016

El Salvador: Fiscalía preocupada por "avalancha" de casos

SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — La Fiscalía General de El Salvador no está preparada operativamente para investigar y procesar una posible "avalancha" de casos luego de que la Corte Suprema de Justicia derogó la ley de amnistía general, la cual impidió que se investigara y juzgara a los culpables de los crímenes cometidos durante los 12 años de guerra civil, afirmó el jueves el jefe del ministerio Público.

"La Fiscalía en este momento no está preparada para esta sentencia; estoy hablando de temas operativos de recursos", afirmó el fiscal general Douglas Meléndez al expresar su preocupación por la derogatoria de la ley de amnistía, y aprovechó para denunciar que el ministerio de Hacienda ya les comunicó que el próximo año no recibirán el aumento que habían solicitado.

Según dijo, la Fiscalía pidió que el presupuesto subiera a 80 millones de dólares para 2017, "pero me han comunicado que nos darán los mismos 44 millones que tenemos, que es un presupuesto indigno, pírrico e injusto". Consideró que mantenerlos con ese dinero es darles "el tiro de gracia", y ahora, con la derogatoria de la ley de amnistía, donde dijo que les van a encargar "una avalancha de casos", no podrán hacerles frente.

Meléndez dijo que durante la reciente visita a Estados Unidos de una delegación del gobierno salvadoreño con el fin de gestionar que les otorguen los fondos que el gobierno de ese país dará al llamado Triángulo Norte de Centroamérica, integrado por Honduras, El Salvador y Guatemala, se dijo que las "instituciones se van a fortalecer, que la Fiscalía se va a fortalecer y se le va a dar un presupuesto digno y adecuado, y en la realidad es todo lo contrario".

El nivel de delincuencia del país es muy elevado, su institución tiene pocos recursos y las implicaciones de la derogación de la ley de amnistía son fuertes, señaló. Sería necesario crear unidades o grupos especiales que investiguen esos casos, agregó, algo complejo, ya que son hechos ocurridos hace décadas.

De todas formas, prometió que evaluarían qué pueden hacer dentro de las limitaciones económicas, aunque en estos momentos la Fiscalía no esté preparada para hacer estas investigaciones.

Meléndez también advirtió que la institución a su cargo "no se va a prestar a situaciones irregulares, ni a vendettas, ni venganzas; vamos a actuar dentro del marco de la ley".

Al declarar inconstitucional la ley de amnistía general, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema abrió las puertas para que se investiguen los crímenes de lesa humanidad examinados por la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas.

Dicha comisión registró más de 22.000 denuncias de hechos de violencia graves ocurridos en El Salvador durante el período de enero de 1980 a julio de 1991. Más del 60% del total corresponden a ejecuciones extrajudiciales; más del 25% a desapariciones forzadas, y más del 20% incluyen denuncias de tortura.

Los testimonios atribuyeron casi el 85% de los casos a los agentes del Estado, a grupos paramilitares aliados a éstos y a los llamados escuadrones de la muerte.

Los efectivos de la fuerza armada fueron acusados en casi 60% de las denuncias; los miembros de los cuerpos de seguridad en aproximadamente el 25%; los miembros de las escoltas militares y de la defensa civil en el 20%; y los integrantes de los escuadrones de la muerte en más del 10% de los casos. Las denuncias registradas responsabilizaron aproximadamente en el 5% de los casos al guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

La resolución abre la posibilidad que se inicien procesos penales contra los altos mandos de las fuerzas armadas que participaron en la guerra civil y contra miembros de la excomandancia del FMLN, actualmente en el poder.

El mismo presidente Salvador Sánchez Cerén podría ser denunciado por haber formado parte de la comandancia general del FMLN durante la guerra de 1980 a 1992, según advierten expertos constitucionalistas.

Fuente: Associated Press

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