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El Salvador: ex fiscal enfrentará proceso penal en libertad

SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — Un tribunal salvadoreño ordenó el lunes continuar un proceso penal contra el ex fiscal general del país por divulgar conversaciones telefónicas privadas que sirvieron para acusar a un sacerdote de tener vínculos ilegales con las pandillas.

De todas formas, el ex fiscal Luis Martínez podrá enfrentar el proceso en libertad, según la decisión del tribunal, que también decretó reserva total del caso, lo que les impide a los fiscales, defensores y todas las partes relacionadas dar detalles del juicio.

Un tribunal superior había anulado una resolución inicial en su contra, aunque en este nuevo fallo judicial se determinó que había elementos suficientes para continuar el caso.

Martínez está acusado de divulgar conversaciones telefónicas privadas del sacerdote español Antonio Rodríguez Tercero, que fueron usadas para presionarlo durante un proceso judicial en su contra.

"Lo que únicamente les podemos informar es que el caso ha pasado a la siguiente fase que es la fase de instrucción, pero con la aplicación de medidas cautelares a favor del señor Luis Martínez, por lo que estaremos esperando que se emita la resolución por escrito para valorar los argumentos de la señora jueza", dijo a los periodistas la fiscal Johanna Rivas.

Rivas explicó que se ordenó la reserva total del proceso "con la finalidad de proteger el contenido de las grabaciones, que en su momento fueron publicitadas de manera ilegal, y en ese sentido se pretende proteger la integridad de la parte ofendida".

De ser encontrado culpable por divulgar las conversaciones del sacerdote, Martínez podría ser condenado a entre cuatro y ocho años de prisión.

Rodríguez, conocido como el "padre Toño", fue arrestado en agosto de 2014 bajo los cargos de introducir objetos ilícitos a las cárceles y de tener relación directa con las pandillas. Él asegura que el ex fiscal divulgó en forma indebida sus conversaciones telefónicas, las cuales fueron interceptadas a través del Centro de Intervenciones a las Telecomunicaciones que dirige la fiscalía.

En septiembre de 2014, un juzgado especializado condenó al clérigo a 30 meses de prisión, luego que éste, supuestamente presionado por Martínez, se declaró culpable de los delitos que se le imputaban. Sin embargo, como la pena era menor a tres años, recuperó su libertad de inmediato, pero se le prohibió ingresar a los penales y tener comunicación con los pandilleros.

Al concluir la audiencia inicial Rodríguez dijo sentirse satisfecho de la resolución del tribunal.

"Siempre hay esperanza. Satisfecho, contento y para adelante", declaró. "Creo que hay que tener mucha fe y esperanza. En el país la institucionalidad funciona; eso es bueno, que civilizadamente podamos seguir avanzando en una institucionalidad democrática".

El ex fiscal, que estaba acompañado de sus familiares, evitó hablar con los periodistas y dijo que los abogados darían declaraciones, pero éstos se ampararon en la reserva total ordenada por el tribunal.

Martínez, que dirigió el Ministerio Público entre 2012 y 2014, ya enfrenta en libertad un proceso penal por los delitos de omisión en la pesquisa y fraude procesal, bajo el cargo de haber participado junto al empresario Enrique Rais y otras nueve personas en una red de corrupción que supuestamente habría fabricado pruebas para inculpar y enviar a la cárcel a una empresaria cafetalera. De ser encontrado culpable recibiría penas de entre dos y 10 años de prisión.

En el caso de la red de corrupción, en el Ministerio Público también se está procesando al abogado Hugo Blanco Rais, sobrino de Enrique Rais; al ex jefe de la Unidad de Intereses de la Sociedad de la Fiscalía, Julio Arriaza; al ex juez Noveno de Paz, Romeo Aurora Giammattei; a varios abogados del empresario y a un perito del estatal Instituto de Medicina Legal, quien habría falsificado las pruebas.

El Tribunal de Ética Gubernamental sancionó a Martínez por recibir "beneficios indebidos que le generaron conflicto de intereses" y le impuso una multa de 8.964 dólares.

Según la investigación del tribunal, entre 2013 y 2014, cuando Martínez se desempeñaba como fiscal general, viajó en aviones propiedad de una sociedad cuyo dueño es Rais, y al mismo tiempo la Fiscalía tramitaba casos en los que el empresario figuraba como imputado y víctima.

Los casos en que aparecía como víctima progresaron y los acusados están en la cárcel, mientras que los casos en los que Rais era el imputado no prosperaron.

FUENTE: Associated Press

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