El decreto es una medida temporal que impide a los afectados abandonar el país hasta completar una investigación, indicó en un comunicado la oficina del primer ministro, Haider al-Abadi.
El ministro de Defensa, Khaled al-Obeidi, dijo el lunes a los legisladores que el presidente del Parlamento, Salim al-Jabouri, y al menos otros cinco congresistas y empresarios habían intentado convencerle de que asegurara unos contratos específicos y recontratara a empleados despedidos por corrupción.
Al-Abadi ha enfrentado crecientes protestas contra el gobierno, que exigen reformas y piden que se combata la corrupción endémica. Este año, los manifestantes asaltaron la fortificada Zona Verde de Bagdad dos veces en un mismo mes.