"El Ministerio Público tiene en sus manos una investigación con un carácter delicado", dijo a periodista Laura Guerrero, titular de la procuraduría contra la corrupción.
La funcionaria se abstuvo de adelantar las posibles medidas de coerción que solicitaría en la audiencia en contra de los implicados, la cual estaba prevista para el lunes pero fue pospuesta para el miércoles. Las medidas de coerción pueden ir desde arresto domiciliario hasta prisión preventiva.
Guerrero explicó que Carlos Piccini, un coronel de la Fuerza Aérea, estaba el lunes bajo interrogatorios.
Piccini y el ex secretario de las Fuerzas Armadas, Rafael Peña, permanecen detenidos desde el 10 de agosto junto a dos empresarios por presuntamente haber recibido 3,5 millones de dólares por parte de ejecutivos de Embraer a fin de garantizar que el Senado aprobara la compara de una flotilla de ocho aviones militares entre 2009 y 2010.
Cándido Simó, abogado de ambos militares, insistió el lunes en que la fiscalía no tiene ninguna evidencia concreta contra sus clientes, sino sólo comprobantes de transferencias bancarias a cuentas en las que los oficiales no tenían participación.
El lote de ocho aeronaves Súper Tucano A-29B fue adquirido por el gobierno a Embraer por 93,6 millones de dólares mediante un crédito del estado dominicano con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil.
El préstamo y la adquisición de las aeronaves fueron aprobados por el Senado durante la época en la que Peña fungía como secretario de las Fuerzas Armadas y Piccini era director de proyectos especiales de la Fuerza Aérea.
Piccini participó de manera directa en la negociación con Embraer y defendió en el Senado la importancia de la transacción.
La Procuraduría General dominicana abrió la investigación en 2014 luego de que la fiscalía de Brasil sometió a la justicia a varios ejecutivos de Embraer que confesaron haber pagado sobornos a funcionarios dominicanos a cambio de garantizar la compra de los aviones.
FUENTE: Associated Press