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Corte salvadoreña notificará sobre detención de militares

SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — La Corte Suprema de Justicia decidió notificar a la justicia de España sobre la captura de cuatro militares reclamados por la Audiencia Nacional del país europeo para que respondan por la matanza de seis sacerdotes jesuitas ejecutados por un comando de las fuerzas especiales del ejército de El Salvador en 1989.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Oscar Armando Pineda Navas, informó el jueves a los periodistas que en una reunión de Corte Plena realizada el miércoles acordaron notificar a España que cuatro de los 17 militares señalados por su presunta participación en el crimen, fueron capturados el pasado 5 de febrero y que están a la espera de la solicitud de extradición.

"Ayer se resolvió poner ya en conocimiento a las autoridades del Reino de España para que hagan lo que corresponde según el tratado (de extradición) suscrito entre El Salvador y España", dijo el presidente de la Corte.

Explicó que según el tratado, a partir de la fecha de la captura, del 5 de febrero, España tiene 60 días para tramitar la extradición y "hacer lo que le corresponde a la Corte Suprema", decidir si concede o no la extradición.

La notificación se haría en los siguientes tres días hábiles mediante el protocolo establecido, vía ministerio de Relaciones Exteriores. España podrá enviar la solicitud usando los canales de la embajada de El Salvador en Madrid o por intermedio de la embajada española en San Salvador.

Pineda Navas también confirmó que negaron el recurso presentado por los abogados de los militares, para que se les permitiera guardar prisión domiciliaria.

Explicó que los 15 magistrados de la Corte Suprema debatieron sobre el recurso presentado por los abogados defensores y "se revisó el Convenio (Tratado de extradición) y no tenemos como Corte, la potestad de modificar la medida cautelar y eso significa que ellos (los militares) seguirán en detención".

España ha solicitado la extradición de los militares retirados por el posible involucramiento en el asesinato de los padres jesuitas, de los cuales cinco eran españoles. Los ex oficiales integraban en la época la cúpula castrense que, según un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, ordenó la ejecución de los religiosos en el marco del conflicto armado salvadoreño (1980-1992).

La mayoría de los militares no han sido sometidos a juicio en El Salvador debido a que el presidente derechista Alfredo Cristiani emitió un decreto de amnistía después de que salió el informe de la Comisión de la Verdad en 1993.

El juez de Instrucción de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco giró las órdenes internacionales de localización y captura con fines de extradición para los 17 militares salvadoreños retirados e involucrados en el asesinato.

La policía capturó el 5 de febrero al coronel Guillermo Alfredo Benavides, los sargentos Tomás Zárpate Castillo y Antonio Ramiro Avalos Vargas y al cabo Ángel Pérez Vásquez. Otros 12 militares. En su mayoría generales y coroneles, están prófugos.

De los militares requeridos, 16 se encontraban en el país, mientras que el coronel Inocente Orlando Montano guarda prisión en Estados Unidos y según decisión de la jueza federal Kimberly Swank, será extraditado a España, en lo que se supone un paso importante en los esfuerzos para juzgar a los cargos militares salvadoreños por la muerte de los religiosos.

Los jesuitas españoles Segundo Montes, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Armando López, Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López fueron ejecutados en noviembre de 1989 con disparos en la cabeza tras ser puestos de rodillas en el jardín de la casa en la que vivían dentro del campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Sus dos colaboradoras Elba y su hija Celina Ramos, también fueron asesinadas por los militares.

Un coronel, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados del batallón de élite Atlacatl fueron procesados por la matanza, pero en 1991 un jurado absolvió a la mayoría de los acusados. El coronel Benavides y el teniente Yusshy Mendoza fueron condenados, pero fueron beneficiados por la amnistía en 1983.

FUENTE: Associated Press

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