El fallo, leído en una audiencia pública, recayó sobre Mariela Contreras, su hija Zuli Herrera y el esposo de ésta Algemiro Arévalo por los delitos de fraude procesal y falsedad.
Los tres reconocieron que para recibir una gruesa suma de dinero como indemnización mintieron y se declararon familiares de víctimas del homicidio colectivo perpetrado entre el 15 y 20 de julio de 1997 en el poblado de Mapiripán, en el departamento de Meta y a 175 kilómetros al suroeste de la capital colombiana.
Contreras había dicho en su momento a las autoridades que su esposo y dos de sus hijos habían desaparecido tras la incursión paramilitar. Pero en noviembre de 2011 reconoció ante la justicia que su marido no había sido asesinado en los hechos de julio de 1997, que su otro hijo sí había sido víctima de los paramilitares pero no en Mapiripán y que su tercer hijo se había unido a la guerrilla.
La familia, por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, había recibido como indemnización unos 500.000 dólares.
Aunque en principio se habló de 49 personas asesinadas en Mapiripán la Fiscalía General estableció en 2011 que en realidad habían sido 10 las víctimas mortales.