Mundo 30 junio 2016

Argentina: Fernández se defiende ante avance de justicia

BUENOS AIRES (AP) — La expresidenta argentina Cristina Fernández acusó el jueves de persecución política al gobierno de su sucesor Mauricio Macri luego de que varias de sus propiedades fueran allanadas en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y falsificación de documento público y un tribunal federal ordenara que sea investigada en otro caso por lavado de dinero.

"Hacía tiempo -décadas diría- que no se veía un abuso de poder y persecución política semejante", denunció Fernández a través de su cuenta en la red social Twitter. "Esta no es la primera ni tampoco será la única causa que inventarán, ni la última 'excursión de pesca'; lo vienen haciendo desde el año 2003 a la fecha".

La exmandataria se expresó en Twitter y Facebook poco después de que una corte federal ordenara que sea investigada en una causa por lavado de dinero que involucra a un empresario de la construcción allegado a su familia y que fue beneficiado con millonarios contratos de obra pública durante su gobierno (2007-2015) y el de su fallecido marido y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007).

Al mismo tiempo, varias propiedades de Fernández en la Patagonia eran allanadas en otra investigación por presunto enriquecimiento ilícito y falsificación de documento público.

La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal ordenó al juez federal Sebastián Casanello investigar a Fernández en la causa que lleva adelante contra el empresario Lázaro Báez, al cual detuvo y procesó por lavado de dinero de fondos estatales destinados a la obra pública.

"Es de la lógica más elemental sospechar acerca de la íntima relación existente entre la cuantiosa adjudicación de obra pública a Báez (y su grupo económico) y las referidas relaciones del nombrado con los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández", según el fallo del tribunal publicado en la página de internet del Poder Judicial.

Báez, dueño de le compañía Austral Construcciones, fue acusado formalmente por Casanello de haber ingresado 5,1 millones de dólares en una compañía financiera radicada en Buenos Aires con el objetivo de disimular y ocultar su origen para luego integrarlos al circuito económico legal.

Austral Construcciones creció exponencialmente en la última década gracias a grandes contratos de obras públicas por más de 800 millones de dólares durante las presidencias de los Kirchner y a que luego se diversificó al negocio inmobiliario, donde conformó varias sociedades comerciales con el matrimonio.

Si bien el juez Casanello sostuvo tiempo atrás que en la causa no había elementos para involucrar a Fernández, sus superiores de la corte federal entendieron que "el repaso del expediente demuestra que la sospecha sobre el origen delictivo de esos fondos aparece expuesta claramente a partir de la fundamental actividad económica del principal imputado hasta ahora (la construcción), gestada a consecuencia y/o con estrecha relación de sus conocidos vínculos personales y comerciales" con los Kirchner.

Resaltaron además que gracias a la "múltiple y millonaria obra pública" Báez "habría dejado de ser un empleado bancario para convertirse en un empresario contratista del Estado dueño de un importantísimo patrimonio".

En tanto, el juez federal Claudio Bonadío, el mismo que procesó a Fernández en una causa por operaciones de dólar futuro llevadas adelante por el Banco Central durante su gestión, allanó varias propiedades en distintas localidades del sur del país que pertenecen a una sociedad comercial conocida como "Los Sauces", cuya cabeza es la expresidenta.

El magistrado busca documentación para probar el presunto lavado de activos de origen ilícito.

Dirigentes de la actual coalición de gobierno han denunciado que existe una conexión de la causa Báez con la de "Los Sauces" y los hoteles propiedad del matrimonio presidencial ya que sospechan que parte del dinero que obtenía el empresario por la obra pública retornaba a los Kirchner a través del pago de alquileres en ese complejo de apartamentos y de habitaciones que no se ocupaban en los hoteles.

Lejos de reconocer alguna responsabilidad, la expresidenta apuntó contra jueces y medios de comunicación como parte de una maniobra que tiene por objetivo "meterme presa" para "tapar las consecuencias de un plan económico que sólo distribuye pobreza para los trabajadores, las clases medias y los pequeños y medianos empresarios".

"¿Creerán que de esta manera lograrán disciplinar a la dirigencia política, sindical o social opositora? Tal vez podrán con algunos, o tal vez con todos. Conmigo no. No cuenten con ello", concluyó Fernández.

Fuente: Associated Press

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