Mundo 14 marzo 2016

Activistas abogan a favor de criminales de lesa humanidad

SANTIAGO, Chile (AP) — Dos sacerdotes vinculados a defensas de derechos humanos y un abogado activista abogaron separadamente por beneficios carcelarios para militares condenados por delitos de lesa humanidad cometidos bajo la dictadura y que se encuentran viejos o enfermos recluidos en un exclusivo penal.

El abogado Héctor Salazar dijo que el no permitir salidas temporales a los presos del penal de Punta Peuco es un doble castigo, según una entrevista que publica el lunes el periódico El Mercurio.

"Si ellos ya fueron juzgados y condenados, esta política de no dar beneficios penitenciarios es otra forma de castigo", dijo Salazar, uno de los primeros colaboradores de la Iglesia Católica que se abocó a la defensa y protección de los perseguidos tras el golpe militar del general Augusto Pinochet, en 1973.

El mismo periódico publica el lunes una carta del sacerdote Joaquín Alliende quien, en favor del general retirado Sergio Arellano Stark, aduce que ayudó a 22 izquierdistas a salir al exilio y a seis médicos a escaparse de la policía represiva de Pinochet. Arellano, recientemente fallecido a los 94 años, fue enviado por Pinochet al mando de un grupo militar a agilizar juicios marciales y que ejecutaron a más de un centenar de opositores.

También El Mercurio entrevistó recientemente al sacerdote jesuita Fernando Montes, quien dijo que a pesar de los horribles crímenes cometidos por los presos de Punta Peuco, "siguen siendo personas humanas", por lo que deben ser procesados y castigados por la sociedad, "pero no perder jamás la civilización".

La abogada Carmen Hertz, viuda de un ejecutado por los militares, rechazó las palabras de Montes porque, dijo, son condenas dictadas 35 ó 40 años después de perpetrados los crímenes y muchos criminales no conocieron la cárcel porque se les aplicó la prescripción.

Recientemente se agregó un requisito para que los represores postulen a beneficios de salidas, que es aportar con datos importantes del caso por el que fueron condenados y expresen arrepentimiento. La mayoría de los condenados no colaboró con los tribunales y tampoco mostró arrepentimiento, según entrevistas previas de The Associated Press.

La AP llamó a dirigentes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos bajo la dictadura, para conocer su reacción frente a estas manifestaciones en favor de los victimarios pero no obtuvo respuesta.

La dictadura dejó 3.095 opositores asesinados, entre ellos más de mil desaparecidos y cerca de 40.000 encarcelados o torturados.

Fuente: Associated Press

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